La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, anunció este viernes que objetará la determinación del Ministerio Público a favor del empresario Harold Lora, quien fue sobreseído en un proceso por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
“Hemos sido ingratamente sorprendidos con esta decisión del Ministerio Público, que no ha valorado la información (…) esto nos parece una muy mala apreciación. Nosotros vamos a objetar como corresponde en Derecho, tratando de preservar en todo momento, por supuesto, el derecho de las víctimas que han sido afectadas con esta actividad ilícita”, dijo.
Harold Lora, propietario de ‘Las Loritas’, fue aprehendido en mayo de 2024 tras ser denunciado por estafa múltiple. Y tiene en su contra alrededor de 60 procesos, en algunos fue imputado y en otros cuenta con una acusación a la espera del inicio de su juicio, indica la Fiscalía.
“Este caso se ha iniciado en 2022 por un informe de investigación patrimonial que ha emitido la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El caso estaba totalmente abandonado hasta el 2023. El viceministerio ha empezado a impulsar y ha gestionado la presentación de pruebas, entre ellas información financiera, registro de comercio y otros antecedentes, habiéndose logrado finalmente que en agosto de 2024 se emita la imputación formal”, remarcó Ríos.
Según la autoridad, dicha información ya alertaba lo que muchas víctimas denunciaron en relación a la actividad que se realizó en ‘Las Loritas’ con todo el dinero estafado a muchas personas.
“Hemos tenido una gestión realmente difícil en este caso, nos preocupa de sobremanera que no se esté valorando realmente la situación de las víctimas, la forma en que han sido afectadas en su patrimonio, la información financiera y la forma en la que esta empresa ha mal utilizado estos recursos y no está siendo responsable”, precisó Ríos.
Ante esta situación, remarcó que se impugnará la resolución fiscal y anunció una investigación para identificar posibles irregularidades.
“Lo que correspondía en este caso, de acuerdo a las pruebas, a los antecedentes del proceso, es justamente una acusación formal. No solamente porque es lo que corresponde en Derecho, en función a toda la documentación e información, sino sobre todo porque hay que responderle al ciudadano, a esas personas que han sido estafadas y que han visto afectación en su patrimonio”, añadió.
Por lo mismo, el Viceministerio de Transparencia esperará que la Fiscalía de Distrito valore de “manera objetiva” toda la documentación para reencaminar el proceso de investigación.
“El Ministerio Público es la cabeza de la investigación. Sin embargo, nosotros como coadyuvantes, vamos a hacer todas las gestiones necesarias, no solamente para aclarar, sino para que se reencaminen los procesos en el marco del debido proceso, pero también del derecho de las víctimas”, concluyó la Viceministra.
