Este lunes, la asociación de “Víctimas de la Masacre de Senkata” comunicó que pedirá a la Fiscalía ampliar la investigación por las “masacres de Senkata y Sacaba” en contra de los miembros de la Iglesia Católica de 2019 en condición de “autores mediatos”.
“Se le pedirá (a la Fiscalía) que investigue a la jerarquía de la Iglesia Católica en calidad de autor mediato, no como autor intelectual, material, cómplice o encubridor, sino como autor mediato, porque ha sido copartícipe en reuniones donde se ha decidido la vida o la muerte de ciudadanos, de hermanos en Cristo”, aseguró el activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca.
Según Inca, la “jerarquía de la Iglesia Católica de 2019” no solo propició las negociaciones “extra legislativas” para que Jeanine Áñez asuma la presidencia de Bolivia, sino que fue en contra de la Gaudium et Spes o Constitución Pastoral.
“Se ha utilizado la ley para justificar, para ir en contra de los 10 mandamientos: no matarás. Sale un Decreto (Supremo 4078) que dice ‘puedes matar’; entonces, por lo tanto, va en contra de la doctrina social de la iglesia, va en contra del Gaudium et Spes”, afirmó Inca en Wara TV.
El 14 de noviembre de 2019, la presidente Jeanine Áñez puso en vigencia el decreto 4078, que eximíría a militares y policías de responsabilidad penal por las acciones en operativos, “como los ejecutados en Senkata y Sacaba”.
Además, Inca manifestó que la Iglesia Católica, guardó silencio sobre las masacres, de los miles de apresados y torturados, no emitieron “ningún pronunciamiento condenando esos hechos”, aseguró.
“El padre Scarpellini me dijo: va a haber una ley donde todas las personas van a tener resarcimiento. Yo me he quedado sorprendido por lo que me dijo, pero luego pasan días y sale el 5 de diciembre de 2019 el Decreto 4100”, dijo Inca.
Además de un pago de Bs 50.000 bolivianos por persona fallecida, la norma establecía que “los familiares de las personas fallecidas y heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización y resarcimiento”, que habría sido rechazada por las víctimas.
Para Inca, lo supuestamente dicho por el obispo Scarpellini, días previos a la aprobación del Decreto Supremo, es evidencia de que ellos sabían de las medidas que se estaban asumiendo.
“Los jerarcas de la Comisión Episcopal tienen que responder ante la justicia humana y después tendrán que rendir cuentas ante la justicia divina, ante Dios todo poderoso, ahí no me meto, pero tienen que rendir cuentas ante la justica humana”, aseveró.
