El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha encabezado hoy el inicio de un masivo plan de desalojo que apunta a liberar 300 propiedades ocupadas ilegalmente. El operativo comenzó en el predio Las Londras, un lugar que se ha convertido en el epicentro simbólico de la ‘resistencia armada’ y la impunidad en el oriente boliviano.
Flanqueado por efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, Camacho marcó el fin de una era de «complicidad estatal» con las mafias agrarias, alineándose con la promesa del presidente Rodrigo Paz de «sentarle la mano» a la delincuencia organizada.
La elección de Las Londras como punto de partida no es casual. En octubre de 2021, este predio fue el escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Bolivia, cuando periodistas, policías y trabajadores fueron emboscados y secuestrados por grupos armados. Durante cuatro años, el caso permaneció estancado en los tribunales, sirviendo como recordatorio de la incapacidad del Estado para proteger la propiedad y la libertad de prensa.
El plan cuenta con un diseño de logística militar para asegurar no solo el desalojo, sino la permanencia de la fuerza pública para evitar retomas inmediatas. Además, por primera vez en dos décadas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) acompaña los operativos para consolidar los procesos legales en sitio.
Durante el operativo, Camacho lanzó duras acusaciones contra las gestiones pasadas, señalando a exdirectores del INRA como «cómplices» que permitieron el crecimiento de estas redes durante 20 años. Según el Gobernador, los avasalladores no son campesinos con necesidades, sino grupos armados con una estructura jerárquica clara que ha atacado sistemáticamente a la prensa y a la Policía.
“Estamos honrando la palabra de hacer cumplir la ley. Es momento de restablecer el principio de autoridad. Se acabó el ciclo de golpear periodistas y secuestrar policías bajo el amparo político”, sentenció Camacho desde la zona de operaciones.
El éxito de este operativo es vital para la alianza entre Rodrigo Paz y la institucionalidad cruceña. Mientras el ala radical del MAS denuncia una «persecución al movimiento campesino», el Gobierno central ha enviado a los ministerios de Gobierno y Defensa para validar la acción de Camacho.
Para el sector productivo, que ha reportado pérdidas millonarias y una inseguridad jurídica crónica, este martes marca el inicio de lo que esperan sea una recuperación definitiva de la soberanía territorial en Santa Cruz. Los operativos continuarán de manera progresiva en las provincias Guarayos y Chiquitos, donde se concentran los focos de mayor violencia.
