Dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon ayer en estado de alerta máxima y denunciaron la existencia de un presunto plan policial y militar orientado a la captura del expresidente Evo Morales, quien permanece en esa región. Las declaraciones fueron realizadas en conferencias de prensa y actos públicos, sin que hasta el momento exista confirmación oficial de las autoridades señaladas.
El vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones, Dieter Mendoza, sostuvo que, a su criterio, el Gobierno intentaba mejorar su imagen a través de acciones contra el exmandatario y acusó a “altos oficiales” de las Fuerzas Armadas de pretender generar hechos de violencia en el Trópico de Cochabamba. Asimismo, exhortó a las Policía Boliviana y a las FFAA a cumplir sus funciones conforme a la Constitución y a no involucrarse en disputas políticas.
Durante su intervención, Mendoza anunció la activación de un mecanismo interno denominado “plan Mica”, sin detallar su alcance, y afirmó que las organizaciones no abandonarían la región. Junto a otros dirigentes, ratificó el refuerzo de puntos de vigilia y convocó a la población local a mantenerse en alerta.
En la misma jornada, la dirigente de mujeres del Trópico, Wilma Colque, afirmó que existirían reuniones entre autoridades gubernamentales, policiales y militares para ejecutar un operativo en la zona. Advirtió que cualquier hecho de violencia que pudiera registrarse sería responsabilidad del Gobierno y de las fuerzas del orden, según su declaración.
Por su parte, dirigentes afines a Morales denunciaron la presencia de efectivos policiales en el Trópico. David Veizaga y Feliciano Vegamonte señalaron que el ingreso de policías tendría fines de seguimiento y captura, afirmaciones que también fueron realizadas sin respaldo documental público al momento de las declaraciones.
Contexto judicial
El expresidente Evo Morales tiene una orden de aprehensión vigente dentro de un proceso penal por el delito de trata y tráfico, según información de instancias judiciales. Sus seguidores sostuvieron que el caso responde a una persecución política, mientras que las autoridades han señalado en anteriores oportunidades que se trata de un proceso que se desarrolla dentro del marco legal.
Hasta el cierre de esta nota, no se registró un pronunciamiento oficial del Gobierno, de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Boliviana sobre las denuncias realizadas por los dirigentes del Trópico de Cochabamba. Las organizaciones anunciaron que mantendrían las medidas de vigilancia y alerta.
(22-02-2026)
