La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes 17 de marzo una reforma trascendental al artículo 27 de su Constitución. La iniciativa, respaldada por su presidente, Nayib Bukele, busca poner fin a la prohibición de las penas de prisión de por vida en el país centroamericano, estableciendo una excepción específica para homicidas, violadores y terroristas.
Esta reforma se convierte en la herramienta legal más contundente de la actual administración para asegurar que los líderes de las estructuras criminales no vuelvan a las calles, consolidando su cuestionada pero popular estrategia de seguridad.
El ministro de Justicia y Seguridad del país centroamericano, Gustavo Villatoro, presentó la propuesta argumentando la necesidad de “rescatar el derecho penal” para proteger a las comunidades. “Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, afirmó el funcionario al explicar que la reforma modifica el inciso segundo del artículo 27, el cual anteriormente prohibía taxativamente las penas perpetuas e infamantes. La votación reflejó el control total del partido Nuevas Ideas (NI), sumando incluso el apoyo de dos diputados de la oposición.
El presidente Bukele, activo en sus redes sociales, desafió a sus detractores tras la votación: “Veremos quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.
El paquete de reformas no se limita a la Constitución; también incluye modificaciones al Código Penal y la Ley Penal Juvenil, endureciendo las sanciones para menores involucrados en actos de terrorismo, en un contexto donde el país mantiene un régimen de excepción vigente desde hace años.
De esta forma, Bukele redobla la apuesta con cambios estructurales en la justicia. Esta tendencia de “mano dura” está generando un bloque de políticas de seguridad similares en la región, a pesar de las constantes críticas de organismos de derechos humanos que denuncian la falta de debido proceso en el sistema salvadoreño.
Para que la reforma entre plenamente en vigor, la Asamblea deberá ratificarla en una próxima sesión plenaria.
