La Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobó este miércoles, por unanimidad, el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio, que contempla 44 elementos conclusivos y 34 recomendaciones a diferentes instancias de administración de justicia.
“Durante 11 meses y 28 días, la Comisión conformada por siete asambleístas; cuatro diputadas y tres senadores, dio continuidad al trabajo realizado por la Comisión Especial Mixta de la legislatura 2019 – 2020, que tenía el objeto de investigar los motivos y causas que generan retardación en la investigación resolución de casos de feminicidio; como también, proponer recomendaciones que coadyuven en su pronta e inmediata resolución”, indica una nota de prensa.
El vicepresidente de la Comisión, senador Rubén Gutiérrez, resaltó que se incidió en la prevención de la violencia y que los hechos de feminicidio deben ser tratados en el nivel normativo, ajustando la Ley 348, otras normas procesales como la Ley 1173 y normas administrativas.
Desde el punto de vista educativo, se recomienda implementar en la malla curricular una asignatura que de prevención de la violencia.
“Si en la familia trabajamos, estoy seguro en el sistema educativo, desde el nivel inicial, primario, secundario y superior se van a fortalecer los valores, y que la sociedad boliviana tenga como fundamento la cultura de la paz”, señaló.
Respecto a la retardación de justicia en los casos de feminicidio, informó que, de 575 fiscales en el país, solo 83 cuentan con especialidad en la Ley 348, y que en solo tres de los nueve departamentos funcionan los institutos de investigaciones forenses (IDIF), por lo que se recomendó ponerlos en funcionamiento en todo el país, además de incrementar el número de fiscales especializados en temas de violencia de género.
“El manejo científico de las pruebas es muy importante, porque depende de las pruebas el éxito o fracaso de la resolución de los casos de feminicidio. Sin pruebas no se va a juicio oral, y consecuentemente los hechos quedan en la impunidad”, subrayó.
La metodología de trabajo de la Comisión incluyó la revisión de los casos dejados por sus antecesores de la legislatura 2019 – 2020, entrevista con los familiares de las víctimas de feminicidio en los nueve departamentos, en los encuentros territoriales y las reuniones interinstitucionales; además del uso de instrumentos legislativos de fiscalización, como Peticiones de Informe Escrito (PIE) y Peticiones de Informe Oral (PIO) a diferentes autoridades del área de administración de justicia.
Además, sostuvieron reuniones con instituciones como el Consejo de la Magistratura, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, entre otros.
