Este martes, efectivos de la Policía Boliviana aprehendieron al ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés, Álvaro Quelali. El dirigente universitario es acusado por presunta usurpación de funciones, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.
“Hoy (martes) ha sido convocado para brindar su declaración informativa el señor Álvaro Quelali, ejecutivo de la FUL siendo que, a la conclusión de la misma, el Ministerio Público ha determinado su aprehensión”, informó Rolando Rojas, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Esta aprehensión corresponde a la investigación que realiza la Fiscalía contra el exdirigente Max Mendoza, quien se encuentra detenido de manera preventiva en la cárcel de San Pedro. No se descarta ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito.
“Tengo entendido que (la aprehensión) es dentro del proceso que se viene investigando donde ya está imputado Max Mendoza”, aseveró.
Quelali es un dirigente universitario que tiene una permanencia en la UMSA que data de hace más de 20 años. Según el mismo dirigente, ingresó a sus 16 años a la carrera de Matemáticas en la facultad de Ciencias Puras y Naturales; y actualmente está en la carrera de Informática.
Este universitario es acusado de ser cómplice del exdirigente de la Confederación de Universidades de Bolivia, Max Mendoza, acusado de enriquecimiento ilícito, por cobrar un sueldo de Bs. 21.800 desde 2018 hasta 2022.como trabajador del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Además de otros beneficios como ser viáticos, viajes al exterior y otros, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo.
Mendoza tenía una permanencia de 25 años en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). El 22 de mayo, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
Ahora el ejecutivo de la FUL paceña, Álvaro Quelali, está involucrado en este caso. Se espera que el Ministerio Público emita una imputación formal en el plazo de 24 horas.
