El rodillo legislativo del Movimiento Al Socialismo (MAS) cerró sus labores este jueves aprobando el informe final sobre el caso de las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba a fines de 2019, donde sugiere el inicio de un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete.
Hoy, Áñez se pronunció sobre esta decisión mediante su cuenta en Twitter y, tras declararse inocente de las acusaciones que pesan sobre ella, anunció que asumirá su defensa en Bolivia a la espera de una “investigación imparcial”.
“El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara”, escribió.
El jueves, en una extensa sesión y a un año de la convulsión de noviembre de 2019, la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta que investigó el caso de las muertes en Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros, que se produjeron en medio del conflicto poselectoral.
El órgano sugiere un juicio de responsabilidades contra la presidenta Áñez y su gabinete, pero en manos de la siguiente legislatura su destino. El informe fue remitido a la Fiscalía.
La mandataria es señalada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
El informe también apunta a 11 ministros y exministros por la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales.
El caso
En los enfrentamientos entre fuerzas conjuntas militares y policiales con grupos de movilizados se registraron 26 fallecidos y un centenar de heridos y detenidos.
“La comisión recomendó un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Áñez, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía y se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo con la Ley 044 se requiere el apoyo de dos tercios para proceder a este acto”, señaló la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, cita un boletín de esa instancia.
En el legajo de 120 hojas se hace un repaso de los violentos hechos registrados en el municipio de Betanzos, Potosí; en Montero, Santa Cruz; en los barrios El Pedregal, Ovejuyo y Chasquipampa de la zona Sur de la ciudad de La Paz; en el puente Huayllani de Sacaba, en Cochabamba; y la planta de Senkata, en El Alto.
Las protestas estallaron tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales producida en medio de una escalada de violencia que derivó de las denuncias de presunto fraude en las anuladas elecciones presidenciales de octubre de 2019.
La Organización de Estados Americanos (OEA) halló —en una auditoría encargada por Morales— detectó graves irregularidades en el cómputo de votos. Es más, halló un servidor oculto.
Juicios contra ministros
El informe de la comisión recomienda además juicios ordinarios contra Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Rodrigo Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (ministro de Justicia), María Elva Pinckert (ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación).
“De los conflictos se tiene que lamentar el asesinato de dos ciudadanos en el barrio Guadalupe de Cofadena del municipio de Montero; un muerto en el municipio de Betanzos, Potosí; tres fallecidos en la zona de Pedregal de la ciudad de La Paz, diez fallecidos en el puente Huayllani, Sacaba; y diez fallecidos en la planta de Senkata”, indica el documento.
Tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, dos días después asumió la Presidencia la entonces senadora de oposición Áñez con el aval de un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Decreto cuestionado
La mandataria transitoria aprobó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078. La norma exime de responsabilidad penal a los efectivos de las Fuerzas Armadas que salieron a las calles a contener la convulsión que se desataba en varios puntos del país.
De hecho, en La Paz se quemaron dos garajes con buses ediles, además de varias estaciones policiales y domicilios de personas que habían expresado sus críticas contra el gobierno de Morales.
Para la comisión, “en el caso de Sacaba y Senkata, denominados como masacres, nos vemos frente a delitos de lesa humanidad, con todas las implicancias que ello conlleva, hechos que ameritan ser investigados. Asimismo, se advierte denuncias de la existencia de un centenar de heridos y detenidos, de los cuales se debe identificar a los responsables sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales”.
Juicio contra uniformados
Asimismo, el informe recomienda un juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares.
También sugiere similar proceso contra el excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la acción de militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, y contra el comandante de las FFAA, Sergio Orellana.
Fiscal en la mira
En el reporte se sugiere la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, por supuestamente congelar las investigaciones de los hechos de Betanzos y exhorta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar los plazos cautelares de los procesados civiles que a casi un año de los hechos continúan con detención preventiva o domiciliaria.
