El Ministerio Público de Oruro abrió una investigación penal contra Yolanda C. A., de 28 años, por el presunto delito de tráfico de migrantes, tras su aprehensión en la localidad fronteriza de Tambo Quemado, cuando transportaba bienes y documentación que levantaron sospechas sobre actividades irregulares.
“La sindicada fue interceptada conduciendo una vagoneta marca Toyota de color plata, con placa de control 2830-EYU. El vehículo llamó la atención por haber evitado deliberadamente los puestos de control fronterizo. Durante la revisión del motorizado, se encontró una mochila con dinero en efectivo, pesos chilenos, una tableta electrónica, dos teléfonos celulares, documentos migratorios y sellos oficiales, lo que motivó su aprehensión inmediata”, informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
Durante la revisión del motorizado, los agentes “hallaron Bs 70.830,50, 2.300 pesos chilenos, documentos migratorios, una tableta electrónica, dos celulares y sellos oficiales de la Dirección General de Migración”. Todo el material fue incautado como parte de la investigación en curso.
“La sindicada decidió acogerse a su derecho al silencio, aunque mencionó que el dinero presuntamente pertenecía a uno de los pasajeros transportados”, explicó el fiscal Morales.
Paralelamente, el Ministerio Público inició una segunda causa contra un funcionario de Migración por presunto incumplimiento de deberes. Según el reporte, este habría declarado la pérdida de una suma similar al dinero incautado en el operativo, lo que plantea una posible conexión entre ambos casos.
“El caso está siendo analizado en conjunto, ya que podría tratarse de hechos relacionados entre sí. Además, se están realizando pericias a los celulares incautados para identificar posibles vínculos con funcionarios públicos o redes dedicadas al tráfico de migrantes”, explicó Morales.
El sábado 24 de mayo se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares. La autoridad judicial dispuso detención domiciliaria con medidas sustitutivas para la investigada, mientras continúan las diligencias.
Por su parte, la Dirección General de Migración presentó un memorial solicitando la devolución del dinero, argumentando que junto con los billetes se encontraron sellos oficiales pertenecientes a la institución.
