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Gobierno rechaza validar billetes del accidente aéreo y traslada la decisión a la Asamblea

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ratificó que el Ejecutivo no avalará dinero obtenido ilícitamente; aclara que la cantidad robada es mínima y el sistema financiero ya aplica filtros de detección.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, descartó este lunes cualquier intención del Gobierno por legalizar billetes de la Serie B sustraídos en el accidente aéreo de El Alto, calificándolos como fruto de un acto ilícito que no puede ser blanqueado.

Con esta declaración, Espinoza se alinea con el Banco Central de Bolivia (BCB) y traslada la responsabilidad de una posible convalidación a la Asamblea Legislativa, donde ya radica un proyecto de ley para validar toda la serie y frenar la desconfianza ciudadana.

“La posición del Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado”, sentenció Espinoza en conferencia de prensa, respondiendo a la presión social y política generada por el rechazo de billetes en mercados y transporte público.

Aunque reconoció que existe desconfianza en la población, la autoridad minimizó el impacto real del dinero sustraído, asegurando que representa una proporción ínfima comparada con el total de la Serie B en circulación legítima.

Además, el Ministro envió un mensaje de calma al resto de los departamentos del país, indicando que en regiones como Pando, Beni o Santa Cruz es «muy poco probable» que circulen los billetes cuestionados. Además, recordó que el sistema financiero ya cuenta con mecanismos automáticos para detectar, perforar y destruir estas unidades si ingresan a bancos o cajeros.

No obstante, admitió que el debate ahora debe darse en el Parlamento, que es la instancia libre de decidir si prioriza la fluidez comercial sobre el origen ilícito de los fondos.

Esta negativa gubernamental choca directamente con el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Alarcón, quien argumenta que el país vive una «calamidad» económica doméstica por el rechazo masivo de dinero.

Mientras el Gobierno se aferra a principios éticos y legales, la población enfrenta el dilema diario de verificar cada corte de 10, 20 o 50 bolivianos.