En lo que representaría un paso hacia el desmantelamiento del monopolio estatal de hidrocarburos, el presidente Rodrigo Paz ha promulgado el Decreto Supremo 5517. La norma declara la «Emergencia Energética y Social» en todo el territorio nacional y otorga, de manera excepcional y temporal, luz verde para que cualquier persona natural o jurídica privada pueda importar, vender y comercializar combustibles en el mercado interno.
La medida es la respuesta definitiva del Ejecutivo a la asfixia logística y la escasez de divisas heredadas, rompiendo el tabú del control estatal total sobre la energía para evitar un colapso del aparato productivo.
El decreto introduce cambios radicales en la estructura de costos y permisos para facilitar la llegada de carburantes externos sin pasar por la estatal YPFB.
Con esta «liberalización total», cualquier privado con capacidad de almacenaje (propia o alquilada) podrá ahora importar y vender derivados del petróleo a precio de mercado («Precio de Importación» o «Pre-Terminal»). Asimismo, se dispone un incentivo aduanero, que suspende el cobro del arancel aduanero para el diésel, eliminando una de las principales barreras impositivas para los importadores particulares.
Además, de manera excepcional, el diésel ha sido suspendido de la Lista de Sustancias Controladas por un periodo de un año. Esto elimina el requisito de «Autorización Previa» ante la Dirección de Sustancias Controladas, un trámite que solía demorar semanas y frenar el abastecimiento.
“Es una medida de reconstrucción integral. No podemos permitir que la producción se detenga por la burocracia de un modelo que ya no tiene recursos para sostenerse”, señalaron fuentes del Ministerio de Hidrocarburos.
Esta normativa complementa al reciente DS 5516 (que fijó los precios de los combustibles por seis meses). Mientras que el decreto anterior estabilizaba los precios en los surtidores públicos, el DS 5517 crea un mercado paralelo privado donde el precio será dictado por la eficiencia de los importadores y la realidad del crudo internacional.
Para los analistas, este es el «punto de no retorno» hacia una economía de libre mercado. Bolivia pasa de un sistema de subsidio estatal ciego a uno de abastecimiento mixto, donde el Estado asegura una tarifa base pero el sector privado asume el riesgo y la logística de la importación masiva.
