La bancada parlamentaria de Libre determinó este jueves retirar de manera definitiva el polémico proyecto de ley que pretendía viabilizar la nacionalización masiva de vehículos indocumentados, popularmente conocidos como «chutos».
El anuncio fue oficializado por el diputado Germain Caballero, quien confirmó que el proyectista de la norma, el legislador Reinaldo Seas, asumió el compromiso de archivar la propuesta tras evidenciarse que carecía de consenso político. La iniciativa legal no solo había encendido las alarmas de los organismos de seguridad vial al interior del país, sino que desató una severa crisis diplomática con la República de Chile, cuyas autoridades denunciaron que la medida actuaba como un incentivo directo para las mafias del contrabando y el robo de motorizados.
El repliegue de la propuesta legislativa se consolidó tras intensas deliberaciones internas en la última sesión parlamentaria del fin de semana. Caballero admitió que compartía las preocupaciones manifestadas por las autoridades de control fronterizo y legisladores chilenos, reconociendo que un alto porcentaje de los coches que ingresan por pasos no habilitados provienen de actividades ilícitas conexas, tales como asaltos a mano armada y el intercambio de bienes por sustancias controladas.
El parlamentario detalló que advirtió formalmente a Seas sobre la inconveniencia de forzar un debate de este calibre en la coyuntura actual de seguridad regional.
Pese a la desactivación del proyecto de ley en las comisiones de la Asamblea Legislativa, el fenómeno de los automóviles ilegales continúa polarizando al tablero político administrativo. En las últimas horas, el gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, exteriorizó una postura de flexibilización operativa al sugerir que las autoridades nacionales deberían analizar alternativas pragmáticas frente a la gran cantidad de unidades que circulan en las provincias, señalando que «tal vez hay que considerar legalizar lo que ya existe» para ordenar el catastro vehicular urbano.
