En una jornada marcada por la fragilidad del pacto entre el Gobierno y la COB, las diputadas Lissa Claros (Libre) y Claudia Bilbao (PDC) lideran una ofensiva parlamentaria que busca tipificar el bloqueo no como una extensión del derecho a la protesta, sino como un delito contra la seguridad del Estado y la economía nacional.
La propuesta surge en un momento de hartazgo civil. De acuerdo a Bilbao, con el 85% de la población que demanda el derecho al trabajo y la libre circulación, la Asamblea estaría analizamdp tres proyectos de ley que prometen transformar la forma de la protesta social en Bolivia.
Los proyectos en discusión plantean una reforma profunda al Código Penal, introduciendo el delito de «Obstrucción Ilegal de Vías de Transporte». Según fuentes legislativas, las sanciones en debate no tienen precedentes en la democracia boliviana:
Sanciones base: Penas de 4 a 10 años de cárcel para quienes impidan el libre tránsito en la red vial fundamental.
Agravantes extremas: Las propuestas más severas sugieren hasta 20 años de prisión si el bloqueo provoca muertes (por falta de paso de ambulancias) o daños irreversibles a infraestructuras críticas.
Financiamiento: Se busca sancionar no solo a quienes están en los bloqueos, sino a los «autores intelectuales» y financistas de las movilizaciones radicales.
Para la diputada Lissa Claros, la ley es una herramienta de defensa ante lo que considera un «secuestro» de la población por parte de grupos radicales. “Es fundamental sancionar a estos grupos que intentan aprovechar el descontento para generar zozobra y miedo”, afirmó, apuntando indirectamente a las facciones que aún resisten el instructivo de desmovilización en Cochabamba.
Por su parte, Claudia Bilbao enfatizó la necesidad de priorizar el derecho de la mayoría silenciosa frente a la cultura del bloqueo. “No podemos seguir trancando un país que quiere trabajar”, sentenció.
