La Justicia boliviana busca una sanción ejemplar para el hombre que, a plena luz del día y frente a cámaras de seguridad, atacó con un arma cortopunzante a una niña de tres años. La fiscal del caso, Juana Betancourt, confirmó hoy que el Ministerio Público imputará al sospechoso por los delitos de tentativa de infanticidio y lesiones, solicitando su reclusión preventiva por seis meses en el centro penitenciario de Palmasola.
El ataque, ocurrido este lunes en las inmediaciones del primer anillo, ha generado una ola de indignación ciudadana tras difundirse los videos que muestran la acción deleznable del agresor.
Uno de los puntos clave de la investigación radica en el estado mental del acusado. A pesar de encontrarse en situación de calle, las evaluaciones preliminares del Ministerio Público determinan que el agresor estaba consciente al momento de utilizar el arma blanca, actuando con saña al verse acorralado por un efectivo policial.
Además, el imputado no es un desconocido para el sistema judicial; cuenta con una sentencia condenatoria por robo agravado y enfrenta procesos abiertos por abuso sexual.
De acuerdo al testimonio de la madre de la víctima, el agresor utilizó a la pequeña como un escudo desesperado ante la persecución policial. Y al verse sin salida, atacó a la niña en el cuello e intentó herirla por segunda vez antes de ser finalmente reducido por el uniformado y los transeúntes.
“Lo que yo tengo en mi corazón, él no va a poder quitar. Estoy muy lastimado… pido justicia, que no lo suelten”, expresó el padre de la menor, entre lágrimas, tras confirmarse que su hija se encuentra estable pero bajo observación médica en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz.
Mientras el agresor espera su audiencia cautelar, la familia de la víctima enfrenta ahora el desafío de la recuperación. Aunque la vida de la niña no corre peligro inmediato, las secuelas psicológicas y el costo de los tratamientos médicos han llevado a la madre a solicitar apoyo solidario a la población cruceña.
Este caso reaviva el debate sobre la seguridad en las zonas comerciales del centro y la presencia de personas con antecedentes penales que deambulan sin control estatal en la capital oriental.
