El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, instaló un «cuarto de guerra» en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo para planificar el llamado fraude electoral, que actualmente es investigado por el Ministerio Público.
Los datos son parte del informe al que tuvo acceso la agencia ABI sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía sobre este caso, registrado en los comicios generales del 20 de octubre de 2019.
Las indagaciones señalan que Quintana estaba encargado de supervisar y coordinar todas las actividades con los entonces vocales delegados presidenciales en los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y con María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani, Lidia Iriarte y Edgar Gonzales, los entonces vocales del Tribunal Supremo electoral (TSE).
«Todos ellos tendrían que darles informes constantes y estar pendientes de cualquier instrucción, de acuerdo al monitoreo y desarrollo del proceso electoral», establece una parte de la investigación.
El 11 de octubre de este año, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró que, tras las investigaciones realizadas por la Policía dentro del caso fraude electoral, se identificó que el operador político del MAS en el TSE fue Quintana.
La afirmación se basa en que la exautoridad sostenía comunicación telefónica con la entonces vocal del TED de La Paz, Marianela Revollo, y la vocal del TSE, Lucy Cruz, ambas designadas por el expresidente Evo Morales.
Según las investigaciones, el 1 de octubre de 2019 se realizó una reunión en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo para planificar el fraude electoral registrado en los comicios de ese año.
El informe señala que para no dejar ningún registro del encuentro, se instruyó al jefe de seguridad del edificio que no se reporte el ingreso ni la salida de personas a ese piso.
El documento da cuenta de la asistencia de una asesora del Ministerio de Gobierno; el jefe de Tecnología Informática de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Alberto Encinas; el jefe de la Unidad de Planificación y Tecnologías de Información del Ministerio de Culturas, Marcelo Linares Gutiérrez, así como varios jefes de sistemas de varias entidades públicas.
Santamaría informó que en la cita además participaron otras personas como Max Eguivar, jefe de gabinete del entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; Sergio Martínez, exfuncionario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los entonces ministros de Defensa, Javier Zabaleta y de Culturas, Wilma Alanoca.
Martínez había sido despedido del Órgano Electoral en 2014, pero fue recontratado en septiembre de 2019 por la Sala Plena. Es considerado como el operador del fraude, pues fungió como el encargado de informática y sistemas, y ahora se encuentra prófugo.
El 4 de diciembre de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe final de la auditoría a las elecciones del 20 de octubre, que develó una «manipulación dolosa» e «irregularidades graves» en la transmisión de datos, que hicieron «imposible» validar los resultados emitidos por las autoridades electorales.
El Viceministro indicó que el software usado para alterar la información del cómputo fue proporcionado por la empresa mexicana «Territorial Visor», a la cual Sergio Martínez transmitía información cartográfica del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del padrón y otros datos necesarios para planificar el cambio de datos.
En ese sentido, el informe señala que en la reunión también participó el responsable de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Justicia, Christian Felipe Virreira Scholvin, quien sería el encargado del desarrollo y el soporte del software de la empresa mexicana.
Virreira, además, era yerno del entonces vicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas, agrega la investigación a la que tuvo acceso la ABI.
Ese día, fueron presentados tres ciudadanos mexicanos que se involucrarían en la conspiración electoral y que hicieron una demostración del sistema Territorial Visor en la Casa Grande del Pueblo.
Las pesquisas indican que entre los ciudadanos estaba el Comisionado del Partido del Trabajo (PT) de México, Ramón Díaz Ávila, que ingresó al país el 30 de agosto de 2019, junto a altos funcionarios y un miembro de la empresa In Praxis.
El PT es un frente político que hace coalición con el gobierno de Andrés López Obrador.
La investigación indica que los extranjeros presentaron a Martínez como el encargado de sistemas del MAS y como su nexo de coordinación.
«Con su cargo y autorizaciones concedidas por la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, Martínez tenía la misión de sacar información delicada de las bases de datos del INE y del TSE», indica el informe.
Según las pesquisas, cuando se efectuó la demostración, dicho sistema ya contenía datos cartográficos, del Censo 2012, del registro de votantes, las bases de los militantes, las listas de votantes inhabilitados y de los fallecidos.
«El objetivo de los mexicanos era relevar el porcentaje de votos del MAS en las elecciones del 20 de octubre», agrega el documento.
En tanto, uno de los últimos puntos de la agenda de la reunión fue la asignación de responsabilidades para el plan de control electoral y la entonces Ministra de Culturas se quedó a cargo de El Alto y el Ministro de Defensa, de La Paz.
