La tarde de este lunes, la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, fue aprehendida tras prestar declaración en calidad de testigo ante la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas. En un giro procesal, la comisión de fiscales determinó que existen indicios suficientes para cambiar su estatus a investigada, vinculándola directamente con el retiro de 32 maletas sospechosas del aeropuerto internacional de Viru Viru.
El caso, que ya ha sido bautizado por la opinión pública como «Narcomaletas», amenaza con salpicar a diversas esferas del poder judicial y legislativo, debido al presunto uso de prerrogativas diplomáticas para evadir controles de seguridad.
El destino de Rojas comenzó a sellarse cuando los registros de videovigilancia de la terminal aérea capturaron el momento en que la exlegisladora retiraba el equipaje. Lo que inicialmente parecía un trámite administrativo, tomó un matiz criminal cuando esas mismas maletas fueron rastreadas hasta un galpón de propiedad del juez Hebert Zeballos, donde hallaron un cargamento masivo de marihuana.
Antes de su aprehensión, Rojas mantuvo una postura desafiante ante la prensa: “Estoy acá firme, soy inocente”, dijo a los medios mientras sus familiares y seguidores protestaban en las puertas de la Fiscalía en el barrio Las Palmas.
La Fiscalía investiga si Rojas utilizó un pasaporte diplomático (vigente o rezagado de su gestión como diputada) para facilitar el movimiento de las 32 maletas sin pasar por los escáneres habituales de la fuerza antidroga (FELCN). Este modus operandi sugiere una red de protección que permitía el flujo de sustancias hacia centros de acopio urbanos bajo el disfraz de «equipaje oficial».
El allanamiento original que destapó este caso no buscaba drogas, sino armas. Fue durante una requisa por tráfico ilícito de armamento que los agentes detectaron la presencia de los narcóticos, uniendo los puntos que hoy llevaron a la captura de la candidata.
La aprehensión de Laura Rojas a pocos meses de las elecciones subnacionales de marzo representa un golpe crítico para su frente político. La acusación de narcotráfico, sumada a la detención del juez Zeballos, refuerza la narrativa del presidente Rodrigo Paz sobre la necesidad de «limpiar la casa» de las mafias enquistadas en el Estado.
Mientras Rojas espera su audiencia de medidas cautelares en celdas policiales, la Fiscalía prepara nuevos allanamientos. El interrogante que flota en el aire de Santa Cruz es cuántos «propietarios» reales tienen esas 32 maletas y si la red de protección diplomática se extiende a otros actuales miembros de la Asamblea Legislativa.
