La eliminación de la subvención al diésel entra este martes en un momento decisivo para el transporte sindicalizado. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia reúne desde las 10.30 en Santa Cruz a sus federaciones afiliadas para definir qué medidas asumirá frente al Decreto Supremo 5716, que estableció un precio de Bs 17,95 por litro para este combustible.
El sector llegó al ampliado en estado de emergencia y con diferentes propuestas planteadas desde los departamentos. El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, anticipó el rechazo al decreto y señaló que el incremento del diésel obliga a revisar los costos de operación del transporte. “Va a haber incremento de pasajes, nos quieren hacer enfrentar con la población, pero nosotros también somos pueblo”, manifestó.
Aunque una parte del transporte público trabaja con gasolina o Gas Natural Vehicular (GNV), los dirigentes sostienen que el impacto no se limita únicamente a los vehículos que utilizan diésel. El incremento puede repercutir también en otros costos vinculados al servicio, mientras las organizaciones buscan una posición conjunta antes de definir eventuales ajustes tarifarios.
Las federaciones llegan al encuentro con posiciones que van desde exigir la abrogación del DS 5716 hasta plantear medidas de presión. En El Alto, por ejemplo, dirigentes anticiparon que propondrán un paro indefinido, mientras otros sectores esperan primero conocer la resolución nacional antes de determinar sus próximos pasos.
El conflicto se abrió después de que el Gobierno eliminara la subvención al diésel y fijara el litro en Bs 17,95, frente a los Bs 9,80 que regían anteriormente. La medida provocó rechazo no solamente entre los transportistas, sino también en organizaciones de maestros, cooperativistas mineros, campesinos y otros sectores, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) también prepara una posición sobre el nuevo escenario.
La atención está puesta ahora en la resolución del ampliado de Santa Cruz, que deberá definir si los choferes optan por movilizaciones, un paro, negociaciones con el Gobierno o una revisión de tarifas. Cualquier medida de presión se producirá además en medio del estado de excepción vigente, que establece restricciones a los bloqueos de carreteras y a las protestas violentas.
(22-09-2026)
