Lo que comenzó como una serie de quejas aisladas en talleres mecánicos ha escalado hoy a una protesta de magnitud en el centro de Bolivia. Conductores del Transporte Libre, armados con botellas de gasolina de un color inusualmente oscuro y piezas de motor carbonizadas, tomaron las instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Cochabamba. La denuncia es contundente: el combustible que distribuye el Estado «está destruyendo sus herramientas de trabajo».
El bloqueo de las vías colindantes a la ANH marca un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Rodrigo Paz, en una jornada donde la atención debería estar centrada en el inicio de las clases y la agenda internacional.
Los transportistas, liderados por el dirigente del Trópico, Jimmy Lovaton, presentaron «evidencias» físicas del deterioro prematuro de sus vehículos. Según el sector, el uso de los actuales lotes de combustible está generando una sedimentación anómala que paraliza los sistemas de inyección.
Ademas, los choferes denuncian que el gasto de reparación corre por su cuenta, mientras que el combustible —pese a las quejas— se vende a precios que ellos consideran elevados para una calidad «basura».
Según Lovaton, hace dos semanas se enviaron notas oficiales denunciando la situación, pero ni la ANH ni Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitieron una respuesta técnica o un control de calidad transparente.
“Nos están engañando con combustibles que para mí son basura. Exigimos que el Estado nos provea de carburante de buena calidad”, sentenció el dirigente, advirtiendo que el sector no descarta iniciar acciones penales por daños y perjuicios contra los responsables de la importación y refinación.
La exigencia del Transporte Libre es clara: retiro inmediato del combustible bajo sospecha a nivel nacional y una mesa técnica con el Ministerio de Hidrocarburos.
