Lo que debió ser una jornada de entrenamiento se ha convertido en una pesadilla judicial y médica. Un adolescente de 15 años lucha por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica privada en Santa Cruz, tras sufrir lesiones cerebrales. Mientras la familia clama por justicia y solidaridad, la Policía ha procedido a la aprehensión del instructor, abriendo un debate sobre la seguridad en los deportes de contacto para menores.
La investigación gira en torno a una serie de decisiones «negligentes». Según la denuncia formal, el joven fue trasladado desde su gimnasio habitual en la zona de Los Lotes hacia otro centro de entrenamiento en la zona norte de la ciudad, sin el consentimiento de sus padres. Fue en este segundo recinto donde ocurrió el incidente que lo dejó inconsciente.
El padre de la víctima exige el acceso inmediato a las grabaciones de seguridad del gimnasio de la zona norte para determinar si las lesiones fueron producto de un accidente deportivo o de una agresión desproporcionada.
En tanto, el instructor se encuentra bajo custodia, imputado provisionalmente por homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones de otros adultos que habrían presenciado el hecho sin intervenir.
La situación clínica del menor es crítica. Tras ser sometido a una cirugía de cráneo de emergencia, su evolución se mantiene reservada. «No ha evolucionado nada favorable todavía», lamentó su padre ante los medios.
Además, la familia, de recursos limitados, enfrenta una deuda que ya supera los Bs 38.000 en la clínica privada, un monto que crece cada hora. Hasta el momento, ninguna autoridad deportiva ni los propietarios del gimnasio implicado se han hecho cargo de los gastos.
“Nadie se ha hecho responsable. La deuda es muy alta y necesitamos ayuda”, apeló el progenitor, habilitando el número 713-78747 para recibir aportes de la ciudadanía.
Este caso ha reabierto una herida en la sociedad cruceña sobre la falta de regulación en los centros de alto rendimiento y gimnasios de barrio. La opinión pública cuestiona la idoneidad de los instructores y la ausencia de protocolos médicos inmediatos en estos recintos. Mientras el Ministerio Público avanza en las diligencias, el joven boxeador libra su combate más difícil fuera del ring, en una camilla de hospital, esperando que el sistema que debió protegerlo, al menos, le entregue la verdad.
