La comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga la compra con presunto sobreprecio de material no letal contra disturbios, entre ellos gases lacrimógenos, cerró este jueves sus sesiones sugiriendo enjuiciar a cuatro ministros de Estado y al presidente de la Aduana por no brindar información sobre el caso.
La repartición aprobó un informe en el que recomienda el inicio de un proceso penal contra los titulares de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez y el exministro de Economía, Oscar Ortiz; además del presidente de la Aduana Nacional, Waldo Ramos.
Ausencia
“No hubo cooperación del Ministerio de Gobierno ni de Defensa, así como de la Aduana Nacional, instituciones que directamente presentaron excusas para no participar”, reclamó la presidenta de esa instancia fiscalizadora, la senadora Plácida Espinoza.
El informe conclusivo, que será remitido al pleno del Legislativo para su consideración, recomienda que el Ministerio Público continúe con las investigaciones por la presunta compra irregular de ese material.
Asimismo, sugiere que la Contraloría General del Estado realice las auditorias correspondientes sobre el caso.
Caso
El caso estalló cuando el canal de televisión Gigavisión denunció que la adquisición del material se efectuó por un valor de Bs 40 millones, cuando compras similares en naciones vecinas como Ecuador y Venezuela tenían un valor menor.
Asimismo, el mismo medio de comunicación dio cuenta que la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, que fungió como intermediadora en la compra, es propiedad de un allegado al Gobierno que tiene procesos pendientes en la Justicia boliviana por un caso de tráfico de armas.
Descargo
El Gobierno de Jeanine Áñez ha rechazado las denuncias, descartó la participación de intermediarios y el supuesto sobreprecio en la compra de los cartuchos de gas efectuada el 19 de diciembre de 2019.
Inclusive denunció que uno de los documentos presentados como prueba era fraguado.
