Mediante el Decreto Supremo 5573, el gobierno de Rodrigo Paz autorizó este lunes la firma de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 500 millones de dólares. Estos recursos estarían destinados al «Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I».
Sin embargo, para que los fondos sean desembolsados, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá analizar y aprobar el convenio en cumplimiento de la Constitución.
El decreto faculta al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente para suscribir el contrato No. 6131/OC-BO en representación del Estado. Una vez firmado, el documento será remitido al Legislativo, donde se espera un intenso debate dada la coyuntura política actual.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas actuará como el organismo ejecutor de estos recursos, que representan uno de los mayores apoyos financieros recibidos por la administración de Paz hasta la fecha.
El respaldo del BID permitiría la creación de un nuevo registro social de hogares. Esta herramienta técnica está diseñada para optimizar la asignación de bonos y ayudas, eliminando discrecionalidades y asegurando que el apoyo llegue efectivamente a las familias con mayores niveles de vulnerabilidad. Según el organismo internacional, este mecanismo garantizará una gestión más transparente y eficiente del gasto público social.
De consolidarse la aprobación legislativa, el Gobierno contaría con una base financiera sólida para amortiguar los efectos de la crisis económica interna y mejorar la eficiencia de sus programas sociales.
