En el primer día de despeje absoluto de las carreteras, el Comité pro Santa Cruz exigió al Gobierno nacional iniciar querellas penales contra los principales promotores de las movilizaciones. La determinación apunta de manera directa al expresidente Evo Morales, al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes identificaron como los cabecillas de un esquema de bloqueos ‘que pretendían desestabilizar la democracia’.
El presidente de la máxima entidad cívica del oriente, Stello Cochamanidis, manifestó en conferencia de prensa la «postura de las fuerzas vivas de la región» tras el cese de los bloqueos.
“Tienen que haber responsables materiales e intelectuales por estos bloqueos que provocaron daños económicos irreversibles y nefastas pérdidas humanas. Estas personas tienen que ir ante la Justicia y tendrá que ser la misma ley la que determine la pena penal que merecen. Nosotros, como Comité, vamos a iniciar y sostener las acciones penales contra quienes corresponden”, sentenció con firmeza el líder cívico, demandando al Ministerio Público celeridad en la apertura de los casos por delitos que van desde atentados contra la seguridad de los servicios públicos hasta sabotaje económico.
Según las cuantificaciones técnicas y los balances macroeconómicos preliminares presentados por la entidad cruceña, el impacto financiero de las siete semanas de cercos camineros supera un daño estructural de 3.000 millones de dólares. Esta cifra afectó al aparato productivo agroindustrial, interrumpiendo las cadenas de suministro y exportación, además de colocar en una situación de inminente riesgo de quiebra a más de 150.000 fuentes de empleo formales e indirectas.
Además, Cochamanidis lamentó la muerte de más de 20 personas durante las jornadas de bloqueo, víctimas colaterales que no pudieron ser evacuadas en ambulancias o que fallecieron por falta de atención médica, calificando las secuelas sufridas por las familias como un crimen social inadmisible.
Por último, el representante cívico enfatizó que los bloqueos de carreteras y la extorsión logística colectiva “no pueden volver a ocurrir jamás en el país” bajo el amparo de la impunidad política.
“Los bolivianos de a pie no podemos seguir siendo rehenes de un grupo minúsculo de delincuentes financiados por el narcotráfico, porque aquí el trasfondo real que se buscaba era proteger jurídicamente y blindar la impunidad de Evo Morales”, concluyó el presidente cívico.
