Tres son los decretos supremos con los que el gobierno de Jeanine Áñez viabilizó la adquisición de gases lacrimógenos con el fin de reforzar a las fuerzas combinadas entre militares y policías para reprimir movilizaciones que cuestionaban.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el 29 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4090 que autorizó al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional” de gases antidisturbios o antimotín para la Policía Boliviana.
“Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Defensa realizar la adquisición excepcional de materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana en el marco del Artículo 32 de la Ley Nº 400, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de 18 de septiembre de 2013”, se lee en el Artículo 2 de la norma.
A eso, se suma otro documento: el Decreto Supremo 4116 del 12 de diciembre de 2019. Áñez y sus ministros firmaron y promulgaron esta norma que abroga el Decreto Supremo 4090 y autoriza al Ministerio de Defensa la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos.
“Se autoriza al Ministerio de Defensa la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado”, se lee en el Artículo 2.
Dos meses después, el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete reasignaron al Ministerio de Gobierno un monto de Bs 40.068.000 mediante el Decreto Supremo 4168 que se transfirieron al Ministerio de Defensa para adquirir agentes antidisturbios.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la reasignación de recursos del Tesoro General de la Nación – TGN a través del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas al Ministerio de Gobierno”, se lee en el Artículo 1 de dicha norma.
“Los pagos con coimas y sobreprecio se realizaron desde marzo hasta abril de 2020”, indica el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en una publicación difundida esta jornada en su cuenta oficial de la red social Facebook.
Los datos fueron proporcionados un día después de que el Departamento de Justicia de EEUU informara que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, puede recibir una sanción de 20 años de cárcel por estar involucrado en un hecho de sobornos y lavado de dinero por el caso denominado gases lacrimógenos.
Mediante un comunicado oficial, indicó que Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, por lo que fueron aprehendidos.
