La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se declaró este martes en emergencia ante las amenazas de políticos y cívicos que convocan a movilizaciones debido a los procesos judiciales en contra de exautoridades del régimen de Jeanine Áñez. La organización pidió justicia para quienes provocaron daños económicos al Estado y vulneraron derechos en los hechos de violencia de 2019.
El secretario Nacional Ejecutivo de la CSUTCB, Eber Rojas, sostuvo: “Estamos nuevamente en alerta. Estamos viendo amedrentamientos de cívicos que están queriendo articularse. No lo vamos a permitir. Estamos firmes y siempre al lado del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”.
“Si ellos provocan con sus movilizaciones, también vamos a responder con movilizaciones. Por eso, estamos de pie y de emergencia”, advirtió.
La expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, se encuentran detenidos de manera preventiva en La Paz, desde el lunes, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
A eso se suman las acciones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que presentó a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias en contra de Áñez, además de sus exministros, por los siguientes casos: préstamo irregular de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional, prórroga ilegal de concesión de Fundaempresa, vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y restricciones durante la pandemia.
Eber Rojas aseguró que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia reclama también justicia para las víctimas de las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba y pide sanciones por el daño económico al Estado, hechos que sucedieron durante el régimen de Jeanine Áñez.
“Nuevamente, llamamos a los comités cívicos que depongan actitudes, que pongan al país en paz y en tranquilidad. No estamos pidiendo confrontaciones. Hemos esperado a que actúe la justicia. Si hay daño económico, (las exautoridades) tienen que responder”, sostuvo.
