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Tras seis horas de audiencia cautelar, la justicia de Colcapirhua, Cochabamba, determinó la detención preventiva del alcalde de este municipio, Nelson Gallinate, y dos funcionarios, acusados por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el presunto sobreprecio en la compra de pruebas de antígeno nasal contra el COVID-19.
Gallinate fue remitido a la cárcel de San Pablo en Quillacollo; Iván Padilla, secretario administrativo financiero, a la cárcel de San Antonio; y Josefina Totula, jefa de contabilidad, a la cárcel San Sebastián mujeres.
Según la determinación judicial, existe riesgo de fuga y obstaculización en el caso que investiga el Ministerio Público por el presunto sobreprecio en la adquisición de 10.000 pruebas antígeno nasal a un costo de Bs 58 cada uno.
La defensa de los imputados presentó recursos de apelación y la Fiscalía argumentó que falsificaron datos en los registros para los informes a la Contraloría.
El alcalde que representa a Comunidad Ciudadana, organización política de Carlos Mesa, deberá guardar detención por el lapso de seis meses al igual que los dos funcionarios involucrados. Una funcionaria del municipio testificó que los procesados daban órdenes para modificar los documentos para la adquisición de pruebas.
as seis horas de audiencia cautelar, la justicia de Colcapirhua, Cochabamba, determinó la detención preventiva del alcalde de este municipio, Nelson Gallinate, y dos funcionarios, acusados por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el presunto sobreprecio en la compra de pruebas de antígeno nasal contra el COVID-19.
Gallinate fue remitido a la cárcel de San Pablo en Quillacollo; Iván Padilla, secretario administrativo financiero, a la cárcel de San Antonio; y Josefina Totula, jefa de contabilidad, a la cárcel San Sebastián mujeres.
Según la determinación judicial, existe riesgo de fuga y obstaculización en el caso que investiga el Ministerio Público por el presunto sobreprecio en la adquisición de 10.000 pruebas antígeno nasal a un costo de Bs 58 cada uno.
La defensa de los imputados presentó recursos de apelación y la Fiscalía argumentó que falsificaron datos en los registros para los informes a la Contraloría.
El alcalde que representa a Comunidad Ciudadana, organización política de Carlos Mesa, deberá guardar detención por el lapso de seis meses al igual que los dos funcionarios involucrados. Una funcionaria del municipio testificó que los procesados daban órdenes para modificar los documentos para la adquisición de pruebas.
