Las bancadas parlamentarias de las alianzas Libre y Alianza Unidad expresaron este miércoles su rechazo a las acusaciones vertidas por la activista Nadia Beller, quien los vinculó con el cobro de supuestos sobresueldos a través del estratega argentino Fernando Cerimedo.
Los bloques políticos emplazaron a la denunciante a presentar pruebas irrefutables ante el Ministerio Público sobre la existencia de supuestas listas de pagos mensuales. De forma paralela, un informe oficial de la Policía Boliviana generó controversia al revelar que Beller rehusó someterse a una inspección corporal y valoración forense detallada para documentar de manera legal los impactos de bala recibidos durante el atentado registrado en Santa Cruz.
Mediante un comunicado público, la bancada de Libre desestimó cualquier acusación de subordinación o financiamiento irregular por parte del Poder Ejecutivo.
«Nuestra bancada rechaza categóricamente las acusaciones sobre supuestos pagos del Gobierno. Los hechos hablan por nosotros: ayer hemos censurado al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Rodrigo Paz», enfatizó la representación legislativa, asegurando que su actuación parlamentaria se mantiene al margen de prebendas.
En la misma línea, el bloque de Alianza Unidad expresó su asombro ante las versiones que apuntan al cobro de estipendios de hasta 5.000 dólares procedentes del entorno de Cerimedo. La directiva del frente exigió una investigación «caiga quien caiga» y sugirió la realización de un careo entre la víctima y el imputado.
“Este escándalo debe acabar en un esclarecimiento de si dice la verdad o miente, porque de lo contrario habrá serios efectos para la democracia”, advirtieron. En el ámbito operativo, los investigadores anticrimen guardan la autorización de la defensa técnica de la activista para realizar los peritajes traumáticos faltantes en el centro médico donde permanece internada.
Las reacciones del arco político ocurren 24 horas después de que la Fiscalía General del Estado determine la aprehensión formal de Fernando Cerimedo, imputándolo por tentativa de feminicidio e imputándole riesgos de fuga bajo la Ley 348. Desde su lecho de recuperación, Beller no solo acusó al exasesor gubernamental de ser el autor intelectual del ataque a balazos sufrido en las puertas de un hotel cruceño, sino que denunció un entramado de corrupción en contrataciones estatales que salpica al círculo íntimo Rodrigo Paz y a legisladores de diversas fuerzas políticas.
