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domingo, 7 de julio de 2024
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El TCP ordenó reabrir la investigación sobre la denuncia de 1.205 contratos irregulares en la Alcaldía de Santa Cruz

La denuncia del caso menciona que la exalcaldesa Angélica Sosa hizo las contrataciones observadas, con lo que se generó un daño económico de Bs 25 millones.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó este miércoles a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz reabrir la investigación sobre la denuncia interpuesta por 1.205 contratos irregulares en el municipio cruceño, entre enero y marzo de este año; informó el director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, Ever Mérida.

“Ha dispuesto que, en el plazo de 24 horas, el fiscal departamental pueda dictar una nueva resolución con base en los lineamientos que ha expuesto el propio Tribunal Constitucional, de tal suerte que eso obedece a una reapertura del proceso a fin de que pueda ser el Ministerio Público quien tenga que investigar todos estos hechos de corrupción”, aseveró Mérida en una entrevista en el canal estatal Bolivia Tv.

La autoridad edil explicó que la resolución surgió en atención a un Amparo Constitucional presentado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, porque fiscal departamental, Róger Mariaca, rechazó la denuncia del caso que fue interpuesta en mayo de este año por el alcalde Jhonny Fernández.

En ese contexto, el funcionario dijo que se aportarán todas las pruebas colectadas para que el Ministerio Público realice la pesquisa respectiva.

Recordó que la denuncia del caso menciona que la exalcaldesa Angélica Sosa hizo las contrataciones observadas, con lo que se generó un daño económico de Bs 25 millones.

“Esa cantidad de contratos no solamente se trata de contratos. Ahora estamos trabajando ya en lo que respecta a ítems”, sostuvo.

La autoridad municipal mencionó, por otro lado, que la resolución jurídica emitida esta jornada por el Tribunal Constitucional detectó, además, una contradicción a las normas provocada por Mariaca en el caso, lo que coincidió con un análisis del Ministerio Público que determinó que los elementos que condujeron al rechazo de la denuncia no “estaban de acuerdo con la normativa”.