Frente al conflicto en Medio Oriente que ha disparado el precio del petróleo a picos de $us 120 el barril, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, descartó un incremento inmediato en el precio de la gasolina y el diésel, argumentando que el mercado energético atraviesa una fase de alta volatilidad.
No obstante, la autoridad dejó abierta la posibilidad de «tomar decisiones» si los precios internacionales se mantienen elevados durante las próximas dos semanas, una declaración que ha puesto en estado de emergencia al sector del transporte nacional.
De acuerdo a Espinoza, las decisiones estratégicas no pueden basarse en el precio de un solo día. «Ayer estaba en 120 dólares, hoy está en 107 y el fin de semana cerró en 77. Tomar medidas sin saber si esta subida es permanente afectaría injustamente a la gente», reflexionó el Ministro.
Según el Ejecutivo, actuar bajo la coyuntura del conflicto internacional sería «irresponsable», por lo que se ha optado por observar el comportamiento del mercado por un periodo de 14 días antes de considerar cualquier modificación en la estructura de costos interna.
Sin embargo, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, a través de su dirigente Víctor Tarqui, manifestó su preocupación, advirtiendo que la economía popular no resistirá un nuevo golpe al bolsillo, especialmente tras los ajustes recientes derivados del Decreto Supremo 5516.
«Cualquier incremento tendrá un impacto directo en el costo de vida», advirtió Tarqui, pidiendo al Gobierno que mantenga la estabilidad prometida a principios de año.
El Decreto Supremo 5516, que marcó el fin de la subvención generalizada, estableció un «Periodo Transitorio» en el que los precios deberían permanecer estables hasta junio de 2026. Sin embargo, la actual crisis geopolítica ha puesto a prueba la resistencia fiscal del gobierno nacional.
Si el precio del petróleo no se estabiliza por debajo de los $us 100 en la próxima quincena, el Gobierno podría verse obligado a revisar «el blindaje» de seis meses prometido en enero, lo que reabriría el conflicto con el sector transporte y la industria nacional.
