La situación jurídica de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, se complicó aún más este fin de semana luego de que el Ministerio Público iniciara una segunda investigación en su contra, esta vez vinculada a un proyecto para la producción de miel financiado por el Fondo Indígena, por un monto superior a 650.000 bolivianos.
Según informó el fiscal del caso, Miguel Cardozo, la nueva denuncia surge de una auditoría a un proyecto ejecutado en 2010. El informe estableció que Patty y otras personas suscribieron un convenio para impulsar la producción de miel en el marco de programas del Fondo Indígena. Para la ejecución del proyecto, se desembolsaron 650.000 bolivianos —equivalentes al 92% del presupuesto total— directamente a la cuenta bancaria de la exparlamentaria; sin embargo, no existen constancias de su cumplimiento.
“A raíz de la auditoría se inició una investigación por el presunto delito de incumplimiento de contratos. El desembolso fue realizado, pero el proyecto no se ejecutó en su totalidad”, señaló Cardozo.
La nueva causa se suma a la investigación abierta el viernes, cuando Patty fue aprehendida por presuntas irregularidades en un proyecto de producción de tomates en invernaderos destinado a ocho comunidades. En ese caso, la Fiscalía sostiene que la exdiputada habría recibido cerca de 700.000 bolivianos y que parte de esos recursos no fueron justificados.
“Existen depósitos a la cuenta bancaria de Patty. Ella ha presentado documentación que acreditaría la devolución de algunos montos, pero todavía hay recursos que no han sido explicados”, afirmó Cardozo.
El Ministerio Público informó además que los procesos bajo investigación abarcan un conjunto de ocho proyectos que, en su conjunto, habrían generado un daño económico al Estado que supera los 3 millones de bolivianos.
Patty pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y este sábado enfrenta una audiencia de medidas cautelares que definirá su situación legal. Su abogado, Víctor Nina, insistió en que su defendida no se apropió de fondos públicos y que los recursos depositados en su cuenta eran entregados posteriormente a dirigentes comunitarios.
“No tiene ni un peso que se haya quedado en su bolsillo. Si los depósitos fueron realizados a su cuenta, fue por disposición administrativa; los recursos se entregaron a las comunidades”, aseguró.
(06-12-2025)
