La Fiscalía junto a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanaron la tarde este miércoles las oficinas de la Alcaldía de Achocalla, en el marco de las investigaciones por la mazamorra en Bajo Llojeta, que dejó una niña fallecida y decenas de viviendas afectadas.
Por lo mismo, el Fiscal asignado a la investigación secuestró documentos que puedan contribuir a establecer responsabilidades.
El sábado por la noche y madrugada del domingo una mazamorra sorprendió a los vecinos de Bajo Llojeta, ubicada en la ciudad de La Paz. A su paso sepultó viviendas, vehículos y cobró la vida de una niña.
El Ministerio Público activó una investigación penal de oficio por el delito de estrago, con la agravante de homicidio, debido a la muerte de la niña de cinco años.
Según la investigación preliminar, este desastre se originó por un movimiento de tierras en el cementerio Los Andes de propiedad de la empresa Kantutani.
La misma, solicitó una auditoría técnica independiente para determinar responsabilidades, tanto públicas como privadas. Pues asevera que los trabajos de estabilización en la zona eran de conocimiento y supervisión de la Alcaldía de Achocalla, así como del municipio de La Paz en etapas posteriores. Sin embargo, ambas alcaldías “deslindaron sus responsabilidades”.
Ademán, la Fiscalía Departamental de La Paz citará a los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y Achocalla, Manuel Condori, para que declaren en calidad de testigos. Mientras que Luis Enrique Gonzalo Iturralde, el empresario de la Inmobiliaria Kantutani, fue detenido en Chile y devuelto a Perú, desde donde pretendía trasladarse a Santiago de Chile.
Interpol activó una alerta roja contra el empresario, para su captura. Ahora se espera que de Perú sea enviado a Bolivia, para que responda por las denuncias en su contra.
