La Fiscalía Departamental de Oruro ha iniciado una investigación de oficio sobre una presunta red de corrupción que operaría dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). Varios funcionarios públicos estarían implicados en un esquema de tramitación irregular de documentos de propiedad, supuestamente utilizando firmas de personas fallecidas.
El fiscal departamental, Aldo Morales, confirmó que el caso se encuentra en una etapa preliminar y subrayó que el Ministerio Público actuará “con todo el rigor de la ley para establecer responsabilidades”.
La denuncia fue hecha pública por el vicepresidente del Concejo Municipal, Iván Quispe, quien presentó indicios de posibles delitos relacionados con la regularización de bienes inmuebles. Según la información preliminar, los funcionarios habrían actuado como intermediarios ilegales para legalizar propiedades, utilizando documentación supuestamente falsa, incluyendo la falsificación de firmas de personas ya fallecidas para simular autorizaciones en los trámites.
Los hechos se están analizando bajo los posibles delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho. La investigación apunta a un esquema de cobros irregulares ligados a los procesos administrativos.
El fiscal Morales indicó que no se trata de un caso aislado ni de un único funcionario. Por el contrario, se sospecha que varios empleados públicos están involucrados, por lo que la investigación se ampliará para identificar a todos los responsables. El Ministerio Público también ha solicitado el informe de la investigación interna que la propia Alcaldía ha realizado sobre este asunto.
Adicionalmente, se evaluará un posible daño económico al Gobierno Municipal de Oruro. Las autoridades han advertido que la investigación continuará de oficio, incluso si la denuncia formal no se completa, con el objetivo de esclarecer los hechos y sancionar a los involucrados en estos actos ilícitos.
