El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5600, que elimina 161 normas que permitían contrataciones directas en el Estado, con el objetivo de transparentar el uso de recursos públicos y establecer mayores controles en la administración.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que estas disposiciones facilitaron la movilización de más de 96 millones de dólares y Bs 7.930 millones en contrataciones de bienes, obras y servicios sin procesos competitivos.
Según explicó, del total de decretos anulados, 105 no contaban con un monto definido, lo que permitía su uso de manera abierta para adjudicar proyectos sin licitación previa.
La nueva normativa, que tendrá alcance para el Gobierno central, gobernaciones y alcaldías, dispone que las contrataciones públicas deberán regirse por mecanismos que garanticen competencia entre proponentes y control en el uso de los recursos.
La medida fue presentada junto al presidente Rodrigo Paz, en el marco de un diagnóstico sobre la gestión de recursos públicos en los últimos años.
El decreto también instruye a las instituciones del Estado realizar un relevamiento y revisión de todos los procesos ejecutados bajo normativas distintas al Decreto Supremo 0181, que regula el sistema de administración de bienes y servicios.
El Ejecutivo señaló que se llevará adelante una auditoría a las contrataciones realizadas bajo estas modalidades, con el fin de establecer responsabilidades en caso de detectarse irregularidades.
Entre los proyectos observados se mencionan obras como el Hospital Gastroenterológico de cuarto nivel en La Paz, que aún no entra en funcionamiento pese a su inversión, y el Museo de Orinoca en Oruro.
Asimismo, se hizo referencia a otras infraestructuras y proyectos en distintas regiones que presentan retrasos o no están operativos.
Las autoridades aseguraron que las obras en ejecución serán concluidas, aunque bajo criterios de transparencia y control.
El Gobierno sostuvo que la medida busca modificar el esquema de contrataciones vigente y avanzar hacia un sistema con mayor previsibilidad, control institucional y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
(06-04-2026)
