En una jornada de máxima tensión que coincide con el colapso total de la sede de Gobierno, la marcha de organizaciones afines a Evo Morales y los contingentes de la Central Obrera Boliviana (COB) ingresaron este a la ciudad de La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, lanzó una grave denuncia al asegurar que determinados sectores movilizados han pasado al «uso de armas». Gálvez respaldó la acusación con material audiovisual que circula en redes sociales e identificó a Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, como el promotor de un ala armada dentro de los ‘ponchos rojos’ que habría convocado a marchar portando fusiles Mauser.
Según la denuncia del Ejecutivo, Gutiérrez Paucara, quien actualmente funge como presidente del Comité de Conflicto de los Ponchos Rojos, encabezó una reunión el pasado domingo en Achacachi donde instruyó a las centrales agrarias sumarse a la caminata cocalera portando armamento o, en su defecto, palos y picotas.
El vocero presidencial detalló que este dirigente también amenazó a los comerciantes de esa localidad con saquear sus tiendas si se negaban a dotar de víveres, coca y cigarrillos a las columnas de marchistas. Ante este escenario, Gálvez conminó de forma directa al ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y al senador Nilton Condori a deponer cualquier intento de promover una «insurrección armada» en las calles.
La llegada de los marchistas ha provocado el estrangulamiento vehicular y peatonal del casco viejo paceño, confluyendo con las protestas que ya mantenían los maestros y mineros cooperativistas. En respuesta, el Gobierno ha dispuesto un riguroso cerco de seguridad en los accesos a la plaza Murillo, reforzado por efectivos de la Policía Boliviana y miembros de las Fuerzas Armadas.
Gálvez advirtió que todo manifestante que sea sorprendido portando armas de fuego o artefactos explosivos como dinamita será aprehendido de inmediato y puesto a disposición de la justicia bajo los cargos de subversión, asegurando que el Estado aplicará el mayor rigor de la ley para defender el orden constitucional.
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