El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5749, que establece un mecanismo para recibir y canalizar denuncias por presuntos cobros ilegales, extorsión y exigencias indebidas atribuidas a servidores públicos y exfuncionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana. La disposición fue firmada el 13 de octubre y busca facilitar la presentación de denuncias relacionadas con actuaciones judiciales y administrativas.
La norma faculta al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, a recibir, registrar, gestionar y realizar el seguimiento de los casos. Entre las conductas denunciables figuran la exigencia o recepción de dinero, dádivas, favores, promesas o beneficios patrimoniales a cambio de admitir, acelerar, paralizar, retrasar, desviar o modificar actuaciones judiciales o administrativas.
Uno de los principales componentes del decreto es la posibilidad de reservar la identidad del denunciante, ya sea a solicitud de la persona afectada o por determinación de oficio, conforme a la normativa vigente. Cuando se aplique esta medida, los datos personales serán sustituidos por un código alfanumérico único y confidencial, mientras que la información que permita identificar al denunciante quedará bajo custodia del Viceministerio, con acceso restringido.
Las denuncias podrán presentarse por escrito en las oficinas centrales o en los enlaces departamentales del Viceministerio, así como mediante una plataforma digital que se habilite para ese propósito. Tras verificar los requisitos formales, la institución podrá gestionar los casos, remitirlos a las unidades de transparencia o instancias disciplinarias correspondientes y enviar antecedentes al Ministerio Público cuando existan elementos que ameriten evaluar el inicio de una investigación penal. El decreto establece un plazo máximo de cinco días hábiles desde su publicación para informar sobre las oficinas y los canales habilitados.
La disposición también permite al Viceministerio intervenir como coadyuvante o querellante en procesos penales, de acuerdo con las atribuciones legales. Sin embargo, aclara que la recepción de denuncias no autoriza al Ejecutivo a revisar decisiones judiciales, suspender plazos ni interferir en las competencias de las instituciones involucradas. La continuidad de la reserva de identidad durante un proceso penal deberá solicitarse ante la autoridad competente.
El Decreto Supremo 5749 se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la lucha contra la corrupción, entre ellas el Decreto Supremo 5706, promulgado en septiembre. Su aplicación se produce en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y de investigaciones por presuntos hechos de corrupción. La eficacia del nuevo mecanismo dependerá de su implementación, de la habilitación de los canales de recepción y del tratamiento que las autoridades den a las denuncias.
(14-10-2026)
