El Gobierno nacional consideró como un hecho «inaudito» y «reprochable» la amenaza de un paro escalonado de actividades anunciado por los magistrados del Órgano Judicial. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, rechazó la adopción de medidas de presión de naturaleza gremial en los altos tribunales y, en cambio, instó a los representantes de la justicia a deponer posturas de fuerza y canalizar cualquier requerimiento mediante mesas técnicas de diálogo.
La postura oficial del Gobierno fue fijada horas después de que la Reunión Nacional de Emergencia de Magistrados, Vocales y Jueces, celebrada en Sucre, emitiera un duro pliego de conminatorias. En el que exigen un incremento presupuestario indexado equivalente al 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) para sostener las operaciones de los juzgados del país. Al respecto, Gálvez cuestionó que un poder del Estado asuma conductas institucionales similares a las de un sindicato de trabajadores.
“El anuncio de un paro en el Órgano Judicial es un hecho inaudito en nuestra historia y su sola mención o sugerencia resulta del todo reprochable. Estamos plenamente seguros de que la sociedad boliviana estará de acuerdo en que la profunda crisis estructural del sistema judicial no se soluciona cerrando tribunales”, afirmó el portavoz.
La resolución fue fundamentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien ratificó que remitirá una nota formal con las resoluciones de la cumbre judicial directamente al despacho presidencial para su obligatoria consideración. Frente a este emplazamiento, el vocero Gálvez aseguró que el Ejecutivo se encuentra a la espera del documento y ratificó la apertura del gabinete a debatir las variables fiscales, aunque matizó el escenario recordando las limitaciones de liquidez vigentes.
“Esperamos recibir la nota anunciada y, pese a la gran crisis económica que heredamos y que venimos subsanando, nuestro Gobierno siempre está y estará dispuesto a discutir todos los temas y a construir soluciones conjuntas”, dijo.
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