El debate sobre una eventual regularización de los vehículos indocumentados volvió a instalarse en la agenda pública, aunque el Gobierno aún no asumió una posición oficial. Mientras algunas autoridades consideran que la propuesta merece ser analizada, otras advierten que legalizar los denominados «autos chutos» podría incentivar nuevas actividades ilegales y agravar problemas como la demanda de combustibles.
La discusión resurgió luego de que el diputado de Alianza Libre, Reinaldo Seas, presentara un proyecto de ley para autorizar, de manera excepcional, la nacionalización de vehículos que actualmente circulan sin documentación legal. La iniciativa comenzó a ser considerada en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró que el tema no fue debatido formalmente dentro del Gobierno y remarcó que, a título personal, no está de acuerdo con «legalizar lo ilegal», ya que considera que ello genera un «riesgo moral» al incentivar que futuras personas incumplan la normativa esperando nuevas amnistías.
No obstante, Lupo reconoció que existe un problema que debe ser abordado, ya que miles de estos vehículos circulan sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), consumen combustible y forman parte de la realidad del parque automotor nacional. Señaló que cualquier decisión deberá considerar aspectos como el impacto económico, la demanda de carburantes, la seguridad vial y la verificación del origen legal de los motorizados.
En contraste, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, expresó que un proceso de regularización podría ser una alternativa, siempre que se excluyan vehículos robados o vinculados a actividades ilícitas y que sus propietarios cancelen los tributos omitidos junto con las multas correspondientes. Añadió que, de concretarse, la medida debería ser excepcional y acompañada de mecanismos que impidan nuevos ingresos irregulares.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también manifestó que la propuesta puede ser evaluada, aunque sostuvo que antes es necesario realizar un análisis técnico para determinar si representa un beneficio para el país.
Sectores políticos y empresariales expresan posiciones encontradas
La propuesta generó reacciones de distintos sectores. La Cámara Automotor de Bolivia advirtió que una eventual legalización podría incrementar la presión sobre el abastecimiento de combustibles y el sistema vial, considerando que estima la existencia de alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados en el país.
En el ámbito político también surgieron posturas divergentes. El expresidente Jorge Quiroga rechazó la iniciativa y afirmó que su alianza no respaldará el proyecto en la Asamblea Legislativa. En la misma línea, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, señaló que una medida de este tipo significaría premiar el contrabando.
Por el contrario, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, respaldó la regularización al considerar que permitiría recaudar importantes recursos económicos para el Estado en un contexto de dificultades fiscales.
El tema también revive una propuesta de campaña del presidente Rodrigo Paz, quien durante las elecciones de 2025 planteó regularizar hasta medio millón de vehículos indocumentados, reducir aranceles de importación y devolver a sus países de origen aquellos motorizados con denuncias de robo. Hasta el momento, esa iniciativa no ha sido retomada oficialmente por el Gobierno.
Mientras el proyecto continúa su tratamiento legislativo, el Ejecutivo insiste en que aún no existe una decisión institucional sobre una posible nacionalización de los vehículos indocumentados.
(04-07-2026)
