El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira avanza en una reconfiguración integral de la política económica. Las medidas en evaluación involucran cambios en el esquema de subvención a los combustibles, ajustes al Presupuesto General del Estado y una mayor participación del sector privado en áreas estratégicas. La consigna central, según el Ministerio de Economía, es estabilizar la inflación, recuperar el poder adquisitivo y ordenar unas finanzas públicas que describen como “seriamente deterioradas”.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que el esquema actual de subvención a los hidrocarburos será reemplazado progresivamente por un sistema focalizado. Argumentó que el modelo vigente “beneficia por igual a quienes no lo necesitan” y que una parte significativa del gasto termina distorsionada por prácticas irregulares.
Según la autoridad, el Gobierno trabaja en un mecanismo de compensación dirigido, que podría aplicarse al transporte público o directamente a la población vulnerable. La idea central es migrar de una subvención a la oferta —que sostiene de manera indiscriminada el precio del combustible— hacia una subvención a la demanda, basada en criterios socioeconómicos.
Aunque no se definió una fecha para iniciar el proceso, la cartera económica sostuvo que la transición deberá realizarse de manera ordenada para evitar especulación y garantizar estabilidad.
El Ejecutivo también prevé modificar la Ley del Presupuesto antes del cierre de la gestión, con el objetivo de iniciar 2026 bajo un marco explícito de austeridad. Las modificaciones permitirán introducir límites al gasto corriente, revisar contrataciones y evaluar medidas como la congelación de la planilla estatal.
Concluye el Ministerio de Economía que será necesaria una revisión detallada de todas las unidades públicas para identificar distorsiones y reasignar recursos. La reforma estructural del presupuesto se prevé para el primer trimestre del próximo año, mediante un reformulado presupuestario.
La política de consultorías, las contrataciones por excepción y las estructuras administrativas excesivas están entre los elementos que serán sometidos a revisión. La consigna oficial es que el tamaño del Estado no continúe expandiéndose y que “cada entidad justifique plenamente su estructura y su gasto”.
Dentro del programa de estabilización económica, el Gobierno plantea la incorporación del sector privado en actividades tradicionalmente estatales. Entre las medidas en estudio está la participación de empresas privadas en la importación de combustibles, actualmente bajo control de YPFB, y la flexibilización del monopolio estatal en la generación eléctrica.
El Ministerio de Economía anticipó que el impacto de las reformas debería percibirse en un plazo de seis a siete meses, periodo en el que esperan una mejora en la disponibilidad de divisas, una reducción de presiones inflacionarias y una mayor eficiencia en la provisión de servicios.
El diagnóstico oficial sobre la situación financiera del Estado es severo. El presidente Paz calificó la administración heredada como “profundamente deteriorada”, mientras que el ministro Espinoza afirmó que el Tesoro se encuentra en una situación de “ilíquidez crítica”, lo que refuerza —según el Gobierno— la necesidad de un ajuste estructural.
Primeros efectos y desafíos
En la primera semana de gestión, el Ejecutivo aceleró la provisión de combustible y avanzó en gestiones de financiamiento externo, medidas que contribuyeron a reducir el tipo de cambio en el mercado paralelo, después de meses de volatilidad.
Aun así, la implementación de las reformas anticipa resistencias y un escenario político exigente. El Gobierno sostiene que la ruta de ajuste será inevitable, que busca proteger los ingresos de la población y que estará acompañada por mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables.
(15-11-2025)
