El Gobierno de Bolivia, a través del presidente Rodrigo Paz Pereira, puso en vigencia tres decretos supremos (5550, 5551 y 5552) que introducen cambios en la estructura del Órgano Ejecutivo, con énfasis en la Vicepresidencia del Estado, el sistema de comunicación estatal y la gestión social. Las normas fueron publicadas en la Gaceta Oficial y forman parte de las disposiciones adoptadas durante los primeros meses de gestión.
Ajustes en la Vicepresidencia del Estado
El Decreto Supremo 5552 establece modificaciones en el funcionamiento de la Vicepresidencia del Estado, actualmente a cargo de Edmand Lara. La norma señala como objetivos el reordenamiento institucional, la reducción de duplicidades administrativas, una mayor coordinación interinstitucional y el uso racional de los recursos públicos.
El decreto dispone que la Vicepresidencia reciba apoyo funcional de la estructura del Ministerio de la Presidencia, que incluye unidades de gabinete, apoyo técnico, comunicación y protocolo, archivo histórico legislativo, gestión y relacionamiento legislativo, y asesoramiento jurídico y legislativo.
La normativa aclara que únicamente las funciones legislativas desarrolladas por las unidades de Gestión y Relacionamiento Legislativo y de Asesoramiento Jurídico Legislativo serán ejercidas de manera independiente por la Vicepresidencia, en el marco de la separación de órganos del Estado.
En el ámbito administrativo, el personal de las unidades mencionadas pasará a depender del Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Luis Lupo. Asimismo, se establece que la Vicepresidencia no contará con representaciones regionales, departamentales, municipales, institucionales ni sectoriales.
El decreto también asigna a la Unidad de Auditoría Interna y a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia la supervisión de las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia.
En materia presupuestaria, la norma dispone que los recursos asignados a la Vicepresidencia en el Presupuesto General del Estado 2026 deberán ser transferidos, previa evaluación, a los ministerios de la Presidencia; de Desarrollo Productivo, Rural y Agua; y de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, conforme a las nuevas atribuciones. También se transfiere a estos despachos la responsabilidad sobre procesos de contratación, convenios y contratos previamente gestionados por la Vicepresidencia.
Comunicación estatal y gestión social
El Decreto Supremo 5550 establece la fusión de la Dirección General de Comunicación y la Vocería Presidencial, que pasan a conformar la Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia, dependencia bajo la tuición directa de la Presidencia. La Unidad de Medios Estatales continuará bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia, con transferencia de recursos para asegurar su funcionamiento.
Por su parte, el Decreto Supremo 5551 crea el Despacho de Gestión Social de Su Excelencia (Degse) como entidad pública descentralizada, con autonomía administrativa, financiera y técnica, bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia. Esta instancia tendrá a su cargo la ejecución de programas sociales, la atención a sectores vulnerables o en situación de emergencia, la administración de bienes decomisados con fines sociales y la rendición de cuentas de sus acciones.
Reacción del vicepresidente
Tras la publicación del Decreto Supremo 5552, el vicepresidente Edmand Lara expresó públicamente su rechazo a la norma y sostuvo que la medida representa, a su criterio, un “duro golpe a la democracia”. En un mensaje difundido mediante video, afirmó que la reestructuración reduce la autonomía de la Vicepresidencia y la coloca bajo dependencia de una autoridad ministerial que no fue electa por voto popular.
Lara señaló que el decreto “relega” a la Vicepresidencia y “desmantela” su estructura institucional, al situarla bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia. Asimismo, advirtió que, en su criterio, este tipo de decisiones podría extenderse a otros órganos del Estado, como el Legislativo, el Electoral y el Judicial.
El vicepresidente también vinculó la emisión del decreto con la denuncia que presentó contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, aunque no presentó documentación adicional en respaldo de esa afirmación. Pese a ello, aseguró que continuará con sus acciones y que no se siente intimidado por la nueva normativa.
Hasta el cierre de esta nota, el Órgano Ejecutivo no respondió a las declaraciones del vicepresidente sobre una eventual relación entre el decreto y las denuncias mencionadas.
(22-02-2026)
