Una grave denuncia de la diputada Lissa Claros ha revelado que el 90% del personal de confianza de la gestión de Luis Arce continúa al mando de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), operando activamente para consolidar contratos con empresas transnacionales de Rusia y China que el actual Gobierno prometió revisar.
La revelación ha encendido las alarmas en el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que acusa a la estatal de actuar a espaldas del pueblo potosino y de traicionar el acta de compromiso firmada por Paz cuando era candidato.
Según la diputada Claros, esta «burocracia heredada» estaría acelerando la validación de convenios con la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC. El temor de los líderes potosinos es que estos contratos se sellen antes de que la Asamblea Legislativa pueda debatir una nueva Ley de Recursos Evaporíticos.
A este escenario se suma el reciente anuncio del consorcio australiano-alemán EAU Lithium, que el pasado 16 de febrero firmó un «Protocolo de Negociación de Contrato». Aunque esta tecnología es vista con mejores ojos por su origen occidental, Comcipo advierte que ningún acuerdo tendrá validez sin el visto bueno de la región.
Asimismo, el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, ha sido categórico al recordarle a Rodrigo Paz su promesa electoral: «Nada se hace sin la autorización de los potosinos».
La entidad cívica ha planteado tres exigencias no negociables para autorizar la explotación del litio: Una nueva Ley del Litio, que defina claramente las regalías para Potosí y Oruro antes de firmar cualquier contrato industrial; que el ejecutivo de YLB sea un profesional de la región y que la sede de la estatal se traslade de La Paz a Potosí; y que se otorguen garantías de preservación medioambiental y consenso con los ayllus y comunidades del salar.
Con informacion de El Potosí
