El Gobierno nacional determinó dar una “oportunidad más” al diálogo para desactivar los bloqueos que asfixian al país. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, y el jefe de Estado, Rodrigo Paz Pereira, fijaron la postura oficial frente a las presiones de la oposición que exige mano dura para los bloqueadores.
Asimismo, Gálvez rechazó las críticas del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien exige la inmediata militarización de las regiones en conflicto, recordando que el estado de sitio dictado en el año 2000 por el gobierno de Hugo Banzer y Quiroga durante la denominada «guerra del agua» es “un ejemplo del fracaso de cómo se maneja una crisis social”.
«Cualquier información sobre la seguridad (del Estado) será manejada con la más estricta discreción. Y vamos a actuar y luego informar. Venimos trabajando de forma sistemática para poner en orden el país y lo vamos a conseguir”, sentenció el Vocero Presidencial tras ser interpelado sobre la renuencia del gabinete a decretar el Estado de excepción.
Gálvez argumentó que la prudencia del Ejecutivo busca evitar un baño de sangre. Y estarían intentando desmarcarse de las recetas del pasado que costaron vidas y cientos de heridos en el altiplano y los valles cochabambinos, medidas que la historia «demostró fallidas» al haber tenido que ser revertidas a los pocos días de su promulgación.
En esa línea, el portavoz gubernamental aseveró que las demandas legítimas de los sectores populares han sido contaminadas por una «mafia de narcoterroristas» que financia a grupos de choque violentos con el único propósito de consolidar un golpe de Estado institucional que, según sus palabras, ya fracasó en su intento de desestabilización inicial.
Con este diagnóstico de seguridad, Gálvez lanzó un «respetuoso llamado a las bases» y dirigentes genuinos de la ciudad de El Alto y las provincias paceñas para que se separen de las posturas sindicales radicales que buscan derrocar al gobierno constitucional a cambio de impunidad judicial.
