El Gobierno nacional pidió este martes a los cooperativistas mineros auríferos que reflexionen sobre los ataques a los predios del Estado y se pronunció respecto al pliego petitorio de siete puntos del sector.
Entre lo más relevante, el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, aseguró, ante el pedido anulación de las resoluciones administrativas de 24 de julio de 2023 sobre áreas protegidas, que “el efecto de esta resolución implica que no se puede formalizar las reservas de áreas mineras en áreas protegidas, consiguientemente la imposibilidad de suscripción de contratos administrativos mineros”.
Y agregó: “ayer (lunes) ha existido una movilización acá en el centro paceño y (…) lamentamos que hayan ocurrido actos desbordados, destruyendo el frontis de la AJAM y también del Sernap. Llamo a la reflexión a todos los hermanos cooperativistas, de que este tipo de destrozos, de desmanes no se deberían llevar a cabo”.
Además, Quispe leyó el pronunciamiento del Gobierno respecto al pliego petitorio del sector cooperativista minero, que este martes cumple su segundo día de bloqueos en la urbe paceña.
Pliego petitorio
Primer punto. Señala la otorgación de la personería jurídica de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) y de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Ferecomin Centro Potosí.
Ambas instituciones tramitan su personería jurídica. Sus solicitudes están relacionadas con la presentación de una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con sede en Sucre, Chuquisaca.
Quispe explicó que en este caso se tramita y se busca declarar la inconstitucionalidad de disposiciones legales que limitan el derecho a la asociación y a las solicitudes de Fecmabol. La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional “no ha dictado la sentencia correspondiente de este caso a la fecha”, por lo que no corresponde al Gobierno nacional un pronunciamiento.
Segundo Punto. Restitución de la personería jurídica de la Ferecomin Integrado La Paz.
Para este propósito, el Ministro de Minería dijo que existen dos acciones pendientes de tramitación en el caso correspondiente de la Ferecomin La Paz, una de amparo constitucional presentada por Ferecomin La Paz contra la Resolución 066/2022, que ya fue otorgada y que actualmente se encuentra en revisión ante la Comisión de Admisión del TCP.
Asimismo, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia interpuso un recurso de revocatoria en contra de la Resolución Administrativa 329/2002. En tanto no se agoten las instancias judiciales, la competencia para la atención de esa solicitud se encuentra ante la justicia constitucional y eventualmente ante la justicia ordinaria.
Tercer punto. Seguridad jurídica para las cooperativas; lucha contra los avasallamientos y minería ilegal; respeto y defensa de los derechos mineros contra las acciones populares; y rechazo a la suspensión de los trámites por la AJAM.
El ministro Quispe señaló que la seguridad jurídica para las cooperativas mineras que sean tituladas sobre derechos mineros, está garantizada por los artículos 99, 100, 101 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.
“El ejercicio de derecho de seguridad y protección jurídica, que tienen las cooperativas mineras que son titulares de derechos mineros, en caso de avasallamientos, pueden solicitar el amparo administrativo minero a la AJAM”, indicó.
A la simple comprobación sumaria de los hechos; es decir previo a una inspección en el terreno, en la mina o en el yacimiento, se otorga el amparo disponiendo el derecho al titular, al operador minero. Y para su ejecución se necesita, indispensablemente, la ayuda y participación de la fuerza pública, explicó.
Respecto a la lucha contra la minería ilegal, señaló que la AJAM, pese a no contar con los medios y recursos, desarrolló acciones operativas en todo el territorio nacional, especialmente en los ríos Madre de Dios, Beni y Tequeje.
“Inclusive mucho antes de lo dispuesto por el juez de la acción popular de Rurrenabaque, se inició las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes y se llegó a contar en estos operativos con personas aprehendidas en flagrancia en la comisión del ilícito”, indicó el ministro.
Asimismo, agregó que actualmente cursa ante el TCP en revisión las acciones que bajo los expedientes solicitan “se declare la zona del parque nacional en pausa ecológica, inmovilización forestal y agropecuaria. Las acciones presentadas se encuentran en trámite de revisión ante el TCP”.
Cuarto punto. Señala la anulación de las resoluciones administrativas de 24 de julio de 2023 sobre áreas protegidas.
Quispe señaló que la Resolución Administrativa de la AJAM, de julio de 2023, revoca en todas sus partes la Resolución Administrativa de octubre de 2017, que “deja sin efecto el reglamento para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas”
“El efecto de esta resolución implica que no se puede formalizar las reservas de áreas mineras en áreas protegidas, consiguientemente la imposibilidad de suscripción de contratos administrativos mineros. Los decretos supremos de creación de las áreas protegidas contienen mandatos prohibitivos para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, como la minería, a partir del momento de la creación del área protegida; en consecuencia, el Sernap no otorgará ni dará validez a los certificados de compatibilidad”, explicó.
Quinto punto. Señala la promulgación del Proyecto de Ley del Régimen Tributario.
El Ministro de Minería dijo que, para ello, se instalaron mesas técnicas para tratar la redacción de un proyecto de ley del impuesto consolidado del oro, con la participación de Ferreco, Fecoman y técnicos del Ministerio de Economía y de la Cámara de Diputados.
Se llegó a un consenso sobre el contenido del mismo y quedó únicamente pendiente impulsar su presentación y tratamiento por parte de esta instancia legislativa en el presente periodo, para su aprobación.
“En este punto, el actual pliego por parte del sector aurífero movilizado, ya cuenta con un avance prácticamente significativo y se está dando cumplimiento a su respectivo desarrollo en la instancia legislativa”, afirmó el ministro.
Sexto punto. Aprobación de los contratos administrativos mineros por parte de la Asamblea Legislativa.
Al respecto, dijo que se tiene la información de que 41 contratos administrativos de cooperativas mineras fueron devueltos a la AJAM y 19 se encuentran en la Asamblea Legislativa.
“No teniendo atribución el Ministerio de Minería para la probación mediante ley de estos contratos administrativos mineros, vamos a trabajar con un tratamiento a través de reuniones, con el objeto de que esa promulgación salga lo antes posible”, dijo.
Séptimo punto. Señala un reconocimiento sobre la inversión efectuada, en el marco de la administración del Seguro Médico delegado, y la condonación de las deudas a la Caja Nacional de Seguridad.
Para este propósito Quispe explicó que se realizó una serie de reuniones desde el 4 de noviembre de 2021 y, el 20 de marzo de 2023, se iniciaron las mesas de trabajo para conciliación de deudas entre Ferreco y Fecoman.
Ello debido a que a la fecha se tienen conciliados los años 2016, 2017 y 2018 con la Caja Nacional de Seguridad; sin embargo, todavía los cooperativistas no presentaron los descargos para que la Caja de Nacional de Seguridad Social los analice.
“Tanto Ferreco como Fecoman tienen conocimiento de los juicios coactivos sociales que se les está iniciando y también deben presentar los descargos de derecho propietario de inmuebles y vehículos en el juzgado, para que el juez emita el fallo correspondiente”, explicó el ministro.
En ese sentido, dijo que las puertas del diálogo siempre están abiertas, en este caso de la Caja Nacional de Seguridad Social, se programó para el 27 y 28 de noviembre se continúe con la conciliación de la gestión 2019 entre Ferreco, Fecoman y Caja Nacional de Salud.
“Para este propósito exhortamos a los compañeros cooperativistas que participen en estas reuniones con sus descargos correspondientes. El Gobierno nacional garantiza el derecho a la salud”, exhortó.
