El bufete estadounidense de abogados Greenberg Traurig fue contratado por el Estado Plurinacional de Bolivia para hacer seguimiento a tres procesos del caso denominado «gases lacrimógenos».
“Es la oficina Greenberg Traurig que tiene la representación de Bolivia en Estados Unidos (EEUU) para llevar tres procesos”, aseguró el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez a Bolivia TV.
El consorcio de abogados cuenta con una experiencia de 54 años. Fue fundado en Miami en 1967. Desde entonces, abrió 30 oficinas en EEUU, sobre todo, en los principales centros financieros, donde brinda sus servicios legales.
“Con más de 160 abogados, nuestro equipo legal representa todas las prácticas centrales de la firma. Nuestros abogados asesoran a empresas locales, nacionales e internacionales en numerosas industrias y sectores clave que impulsan la economía, que incluyen aviación, entretenimiento, instituciones financieras, atención médica, finanzas internacionales, manufactura, bienes raíces, hotelería, comercio minorista y tecnología”, se lee en el portal web de la firma de abogados.
Greenberg Traurig cuenta con la oficina legal más grande de Miami que tiene raíces profundas en las comunidades comerciales, legales, gubernamentales y filantrópicas del sur de Florida, así como en EEUU, América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia.
La oficina de Miami brinda asistencia legal y apoyo financiero a varias organizaciones benéficas locales y nacionales, que incluyen, por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer, Sociedad de Hogares de Niños de Florida, Universidad de Miami, Americans for Immigrant Justice, Asociación Chapman, Mujeres del mañana, entre otros.
“Nuestro equipo, el cual incluye abogados que han sido directores jurídicos en empresas multinacionales de gran escala, tiene una amplia experiencia en la representación de clientes estadounidenses e internacionales que llevan a cabo negocios en América Latina y la Península Ibérica, así como en asesorar a clientes de Latinoamérica y de España en sus negocios comerciales en los EEUU”, informa el bufete.
Desde el anuncio del 17 de diciembre de 2014 de que EEUU restablecería vínculos diplomáticos con Cuba, los abogados de Greenberg Traurig asesoraron a clientes estadounidenses y no estadounidenses que buscan aprovechar las posibles oportunidades de negocios en el país insular.
Algunos casos atendidos
Entre su lista de casos atendidos, se encuentra el de formación de una red mundial de centros de datos con empresas de ciberseguridad y análisis de datos, una empresa de $us 2,8 mil millones entre Medina Capital y BC Partners. También, destaca Brickell City Center, un desarrollo de uso mixto de $us 1.050 millones.
A eso se añade el caso de Miami Worldcenter, uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes en marcha en los EEUU. El bufete hizo la representación de clientes locales, nacionales e internacionales en reestructuraciones financieras y operativas de alta complejidad, incluida Satélites Mexicanos, SA de CV en su reestructuración transfronteriza de más de $us 400 millones en deuda a través de un caso de bancarrota del Capítulo 11 presentado en Delaware.
Defendió con éxito a DolarToday en una demanda de fijación de divisas muy cubierta presentada por el Banco Central de Venezuela.
“Entendemos que cada negocio tiene sus propias necesidades y requisitos individuales, y nuestro equipo crea estrategias específicas para abordarlos. Numerosas empresas y fondos confían en nosotros para brindarles el asesoramiento que necesitan para trasladar con éxito sus negocios a Florida y prosperar”, se lee en otra parte del portal web del consorcio.
Los abogados de Greenberg Traurig asesoran también a clientes sobre problemas legales relacionados a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 que afecta a empresas.
El bufete sigue tres casos bolivianos
Greenberg Traurig fue contratado por Bolivia para hacer seguimiento al caso de lavado de dinero y soborno en el que están involucrados el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, y fueron detenidos entre el 21 y 22 de mayo.
Son procesados en EEUU por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano por un precio de $us 5,6 millones, es decir, un sobreprecio de $us 2,3 millones.
El primer caso al que hace seguimiento es al relacionado con el exministro, Arturo Murillo, quien es acusado por lavado de dinero y espera su audiencia para el 9 de julio.
El segundo caso para el que fue contratado el equipo de abogados es el vinculado a Luis Berkman y su hijo Bryan Berkman, propietarios de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).
La justicia de EEUU definió este lunes que Luis Berkman, cómplice de Arturo Murillo en la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio, se defienda en libertad.
Y un tercer caso es el que Bolivia asume en EEUU. Consiste en la instauración de un proceso civil en Miami contra el exministro de Gobierno de Áñez, para la recuperación de los recursos económicos erogados por el Estado para la compra de las armas químicas.
