Al menos cinco personas habrían sido identificadas como los principales responsables de la ocupación ilegal desde 2019 de 360 viviendas de la Agencia Estatal de Vivienda en la Urbanización Estatal “Papa Francisco” en el municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Autoridades de gobierno dieron detalles sobre el operativo e investigaciones. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que “se han iniciado acciones penales en contra de Luis Rodrigo Barrios Rocha, Ruti Fani Gutiérrez Hurtado, Josimar Aguilera Vargas, Luz Marina Vargas Areaba y Cristina Estefany Rivero Molina, entre otros”.
“Están identificadas estas personas, se van a renovar los mandamientos de aprehensión para lograr su detención. Han liderado está organización criminal que ha impedido que nuestra Agencia Estatal de Vivienda, desde 14 de noviembre de 2019, pueda disponer de estos bienes”, manifestó.
De acuerdo con los antecedentes, en noviembre de 2019, 360 de 443 viviendas de la Urbanización Estatal “Papa Francisco” fueron tomadas y ocupadas por avasalladores, quienes se resistieron a desalojarlas alegando que eran los propietarios, incluso habían realizado la instalación de servicios de gas y agua.
Pese a los pedidos, los avasalladores se negaron a desalojar las viviendas, por lo que la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) se vio obligada a acudir a los tribunales.
Es así que la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia dictó el mandamiento de desapoderamiento 04/20, que establece la desocupación de las 360 viviendas.
Alrededor de 2.000 agentes de la Policía Boliviana y funcionarios de la Agencia Estatal de Vivienda se desplazaron la mañana de este martes a la urbanización Papa Francisco, al norte de Santa Cruz, para desalojar al grupo de personas que se asentaron ilegalmente en las unidades habitacionales sociales.
Iván Alcázar, de la Aevivienda de Santa Cruz, explicó que de las 443 viviendas que son parte la urbanización, 360 fueron ocupadas de manera ilegal, mientras que los vivientes de las otras 83 certificaron su propiedad.
Además, de acuerdo con Aguilera, en el operativo de desalojo se identificó a “ciudadanos de otras nacionalidades”.
“La ocupación de estos inmuebles es dolosa, no podemos concebir que una propiedad de estas características cueste 100 o 1.000 dólares, entonces, desde el punto de vista subjetivo, quienes estaban ocupando esos inmuebles, sabían que estaban incurriendo en un ilícito”, dijo.
Las viviendas serán refaccionadas y puestas a disposición de la población. Los requisitos principales serán contar con un ingreso mínimo de Bs 4.000 y no poseer ninguna casa o terreno.
