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Imputan por terrorismo al senador Nilton Condori y piden seis meses en Chonchocoro

Tras la denuncia presentada por el diputado Manolo Rojas por sus declaraciones incendiarias en el Trópico de Cochabamba, el Ministerio Público concluyó que los dichos de Condori buscaban subvertir el orden constitucional.

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó la imputación formal contra el senador Nilton Condori, acusándolo por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.

En el requerimiento cautelar, la comisión de fiscales solicitada formalmente al juez de la causa la detención preventiva del asambleísta por el lapso de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, tras concluir que sus recientes pronunciamientos en un ampliado en el Trópico de Cochabamba, donde instó públicamente a «fusilar ladrones» en velada alusión a las autoridades del Ejecutivo, constituyeron una abierta provocación para subvertir el orden constitucional.

La causa penal se activó a raíz de la denuncia interpuesta por el diputado Manolo Rojas, luego de que Condori participara semanas atrás en una concentración de sectores radicales en el Chapare junto al expresidente Evo Morales.

De acuerdo con la resolución fiscal, las expresiones vertidas por el senador sobrepasaron los límites de la libertad de expresión y la fiscalización parlamentaria: “La exhortación al fusilamiento no fue una simple opinión o crítica política, sino un instrumento de presión dentro de una estrategia coordinada destinada a subvertir el orden constitucional y deponer al Gobierno elegido constitucionalmente por medios violentos, afectando de esta manera la seguridad, el orden público y la estabilidad del sistema democrático”, fundamentó el Ministerio Público.

Condori permanece aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de que el Juez de Instrucción Penal fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. La severa imputación contra Condori agrava su situación política, sumándose a la demanda de pérdida de curul por transfugio iniciada por su propia alianza, Unidad, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de su remisión a la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores.

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