El sistema penitenciario boliviano se prepara para una de sus mayores descongestiones en años. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) agiliza la entrega de certificaciones de antecedentes que permitirán, en las próximas horas, la liberación de los primeros 400 privados de libertad beneficiados por el Decreto Presidencial 5460.
La medida, heredada de la administración anterior pero ejecutada bajo la actual gestión, tiene como objetivo aliviar el crónico hacinamiento de las cárceles bolivianas. Según proyecciones oficiales, la cifra de beneficiarios podría ascender a 3.500 reclusos antes de que la norma expire en octubre de 2026.
El director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Mauricio Romero, tras reunirse con la cúpula judicial en Sucre, enfatizó que el indulto no es una carta blanca. El proceso de selección es riguroso y excluye a los actores más peligrosos del sistema:
Exclusiones estrictas: No podrán acceder condenados por delitos contra la vida, delitos sexuales o reincidentes.
Perfil de beneficio: La medida se centra en personas procesadas bajo la Ley 1008 (narcotráfico de baja escala), aquellos que hayan optado por procedimientos abreviados con condenas menores a 10 años y quienes demuestren una conducta ejemplar.
Con una vigencia de un año, el decreto actúa como una válvula de escape para una infraestructura penal que supera con creces su capacidad nominal. Romero señaló que los próximos diez meses serán críticos para verificar qué reclusos cumplen con los requisitos técnicos y legales.
“Tenemos este tiempo para seguir verificando los procedimientos y dar la posibilidad de libertad a quienes realmente han mostrado una rehabilitación”, afirmó el funcionario.
Esta liberación masiva ocurre en un momento de alta sensibilidad política, donde la seguridad ciudadana y la reforma judicial son temas centrales del debate público bajo el gobierno de Rodrigo Paz.
