Con la finalidad de frenar el colapso en el abastecimiento de hidrocarburos, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5697, mediante el cual se dispone la intervención estatal extraordinaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un período de hasta 180 días calendario.
La norma crea una Comisión de Intervención conformada por cinco ministerios y el Viceministerio de Transparencia, la cual asumirá de inmediato la fiscalización integral de la petrolera estatal para corregir las graves deficiencias logísticas en la importación y distribución de carburantes, así como desarticular presuntas redes de contrabando y corrupción interna.
El Decreto Supremo 5697 crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que fiscalizará los procesos de comercialización y logística, con facultades para remover personal y promover acciones penales.
La Comisión de Intervención estará integrada por los titulares o delegados de las carteras de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas y el Viceministerio de Transparencia. Este equipo centrará sus labores en las áreas críticas de comercialización, almacenamiento y trazabilidad de los combustibles, contando con amplias facultades para solicitar auditorías técnicas, convocar peritos especializados y revisar las decisiones administrativas que hayan comprometido los recursos del erario nacional.
Aunque la norma aclara que la intervención no altera la personalidad jurídica ni disuelve la estructura institucional de YPFB, impone la obligación absoluta a los ejecutivos y al personal operativo de la estatal de poner a disposición toda la documentación requerida bajo advertencia de responsabilidades administrativas o penales.
Asimismo, la comisión queda facultada para recomendar la remoción inmediata de autoridades y la remisión de informes circunstanciados a la Contraloría General del Estado, la Procuraduría y el Ministerio Público en caso de detectarse desvíos ilícitos o irregularidades en la adjudicación de cargas de diésel y gasolina.
