Mientras la Asamblea Legislativa acelera el debate para penalizar los bloqueos y el Gobierno amenaza con cárcel a quienes usen dinamita, el alcalde de La Paz, Iván Arias ha señalado que el problema de fondo no radica en la ausencia de sanciones, sino en el colapso de la institucionalidad y la erosión del diálogo como herramienta democrática.
Arias utilizó una comparación cruda para sustentar su escepticismo frente a las soluciones punitivas. Señaló que Bolivia posee una de las legislaciones más severas y proteccionistas contra la violencia de género, y que, sin embargo, los índices de feminicidios y agresiones no han disminuido.
«No es un problema de ley, es un problema de cultura. Con los bloqueos ocurre lo mismo: la norma por sí sola no detiene la presión si no hay un cambio de fondo en la sociedad», afirmó el Alcalde, sugiriendo que una ley antibloqueos podría nacer muerta si no cuenta con legitimidad social.
Para la autoridad municipal, la normalización del bloqueo como «primera opción» de protesta ha llevado al país a un estado de asfixia permanente. Arias cuestionó la tendencia de «enguerrillar» cualquier diferencia política o económica, instando a la Asamblea Legislativa a no limitarse a redactar sanciones, sino a abrir un espacio de consulta nacional.
La propuesta de Arias se desmarca tanto del punitivismo del gobierno de Rodrigo Paz como del radicalismo de la COB. Su enfoque se centra en la «actitud dialogante»: reconstruir mecanismos donde se agoten obligatoriamente las instancias de negociación antes de llegar a los bloqueos
En una ciudad que ha sufrido pérdidas millonarias y daños severos en su infraestructura vial durante las últimas semanas, las palabras del Alcalde resuenan como una llamada a la cordura institucional. «No es la ley la que soluciona los problemas, sino la institucionalidad», sentenció, dejando claro que, para él, la paz social no se firma en un código penal, sino en una mesa de acuerdos.
