El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, lanzó este jueves una severa acusación pública contra un dirigente sindical del sector salud, denunciando que percibe un salario cercano a los 10.000 bolivianos mensuales financiado con recursos del departamento sin haber trabajado ni marcado asistencia biométrica en el Hospital Japonés durante los últimos ocho años.
La revelación, formulada mediante una enigmática publicación en sus redes sociales, coincidió con las denuncias formalizadas por concejales municipales que identificaron al dirigente Robert ‘Pimpo’ Hurtado, anunciando procesos de fiscalización e investigación por presunto nepotismo y por haber cobrado más de un millón de bolivianos en salarios e incentivos sin ejercer sus labores técnicas. El destape profundiza el choque institucional entre los gobiernos subnacionales y las dirigencias sindicales en la última jornada del paro de 72 horas.
A través de una serie de interrogantes compartidas en sus redes sociales, la máxima autoridad departamental expuso las anomalías operativas de la plaza laboral del dirigente, señalando que ostenta un ítem del Tesoro General de la Nación (TGN) cubierto económicamente por la Gobernación cruceña bajo una constante figura de «comisión» sindical.
“¿Adivina quién paga este despropósito? Santa Cruz. Así funciona esto: cargos fantasmas, plata que se va y nadie rinde cuentas, un sistema de salud deteriorado. Lo vamos a cambiar”, escribió Velasco, tras cuestionar las asignaciones presupuestarias para personal sin formación técnica.
A la postura de la Gobernación se sumaron las acciones del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. El concejal José Hugo Antelo anunció la apertura de una fiscalización exhaustiva sobre la trayectoria de Hurtado, quien figuraba como técnico en Rayos X, asegurando que existen reportes de trabajadores que señalan la presencia de más de diez familiares del dirigente contratados en la red pública de salud. Por su parte, la presidente del Concejo, Luisa Nayar, ratificó que investigarán los presuntos clanes familiares en el sistema sanitario, mientras que el alcalde Manuel ‘Mamén’ Saavedra confirmó el despliegue de más de 150 inspectores de Recursos Humanos para aplicar desvinculaciones inmediatas a los huelguistas que no hayan retornado a sus fuentes de trabajo.
