En una sesión marcada por el caos reglamentario y la tensión política, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó hoy la inclusión de un proyecto de resolución destinado a impugnar el Decreto Supremo 5503, la polémica normativa que eliminó los subsidios a los combustibles. El resultado representa una derrota estratégica para el vicepresidente Edmand Lara, quien intentó forzar el debate sin contar con el consenso necesario de los legisladores.
La propuesta, impulsada por el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Wilder Veliz Armas, buscaba un pronunciamiento formal del Legislativo contra las medidas económicas del presidente Paz. Sin embargo, la moción no alcanzó los dos tercios de los votos requeridos para ser tratada mediante la vía de «asuntos varios».
La sesión, que debió iniciar a las 09.00, fue postergada hasta el mediodía debido a los bloqueos de transporte que dificultaron el arribo de parlamentarios. Al instalarse, Lara intentó imponer el orden del día incluyendo el rechazo al decreto de manera directa, lo que provocó una airada reacción de los bloques oficialistas y aliados.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, amonestó públicamente al vicepresidente Lara por lo que calificó como un «error procedimental grave» al no haber sometido previamente a votación los puntos de la agenda. Tras un cuarto intermedio solicitado para calmar los ánimos, el pleno procedió a votar la inclusión de la resolución, la cual fue finalmente descartada por falta de apoyo mayoritario.
Con el rechazo al tratamiento del DS 5503, la Asamblea retomó su agenda original centrada en la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este proceso es vital para garantizar la realización de las elecciones subnacionales de marzo de 2026, en un clima donde la legitimidad de las instituciones electorales está bajo constante escrutinio.
No obstante, la fractura entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara ha quedado expuesta de manera definitiva. Mientras el primero defiende el ajuste económico como un acto de «responsabilidad fiscal», el segundo se ha posicionado como el líder de una resistencia legislativa que, por ahora, no logra consolidar los números necesarios para revertir el «Decretazo».
