Tras el acuerdo alcanzado durante la madrugada del domingo, la Central Obrera Boliviana (COB) ha emitido este lunes el instructivo oficial para el levantamiento de «todos los bloqueos a nivel nacional». Sin embargo, la pacificación total del país se enfrenta a un obstáculo imprevisto: la fragmentación de las bases. Al mediodía de hoy, el mapa de transitabilidad todavía registra una resistencia activa en puntos estratégicos, desafiando la autoridad de la cúpula sindical.
El comité ejecutivo de la COB, encabezado por Mario Argollo, intenta para mantener su credibilidad ante las bases radicales. Por lo que, a tiempo de instruir el despeje de las rutas, ratificaba un «estado de emergencia permanente» para así mantener la presión sobre el Gobierno. La condición fue clara: los trabajadores no se desmovilizarán totalmente hasta que la Gaceta Oficial publique la abrogación formal del polémico Decreto Supremo 5503.
A pesar de la orden de Argollo, la realidad en las carreteras es distinta. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía persisten 25 puntos de bloqueo. El fenómeno es particularmente crítico en Cochabamba, donde sectores agrarios y fabriles han cuestionado la celeridad del acuerdo con el gobierno de Rodrigo Paz. Incluso, algunos dirigentes consideran que la COB «claudicó» al aceptar un nuevo decreto que mantiene la quita de subvenciones.
Ante este escenario de desobediencia, la COB ha convocado a un ampliado nacional de urgencia en la sede de los mineros en El Prado paceño para alinear a los sectores disidentes y evitar que el conflicto se les escape de las manos.
En tanto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, agiliza los trámites administrativos para la firma del nuevo decreto consensuado, con la esperanza de que el documento oficial sea el detonante definitivo para que los últimos bloqueadores abandonen las rutas.
